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El Gobierno logra el apoyo de CiU y CC a la rectificación del 'decretazo' en el Congreso

El PSOE, IU y el PNV piden que se restituya el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura

La rectificación del decretazo cuenta ya con el respaldo del Pleno del Congreso. El Gobierno sacó adelante ayer las modificaciones comprometidas con los sindicatos gracias a los votos del PP, CiU y Coalición Canaria. El PSOE se opuso, con el argumento de que el Gobierno mantiene la supresión progresiva del subsidio agrario para los jornaleros andaluces y extremeños y porque la norma necesitará más ajustes en el Senado. Además de los socialistas, IU, el PNV y el Grupo Mixto defendieron que se restituya el derecho a la protección a los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura.

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El Congreso remitió ayer al Senado una reforma del desempleo muy distinta de la que analizó en la sesión del pasado 13 de junio, siete días antes de la huelga general del 20-J. Todos los grupos parlamentarios subrayaron las modificaciones introducidas por el Gobierno y se congratularon de la rectificación. Unos, CiU y CC, reconocieron además el esfuerzo de 'flexibilidad'. En cambio otros, PSOE, IU y Grupo Mixto, subrayaron 'la derrota' cosechada por el Ejecutivo 'en el partido que José María Aznar quiso disputar a los sindicatos'.

Todos los grupos parlamentarios consideraron positivos los cambios en siete de las ocho materias que contenía el decretazo, y en especial tres de ellas: los denominados salarios de tramitación (que las empresas deberán pagar hasta que se produzca fallo judicial en los despidos improcedentes, salvo que depositen en el juzgado, en 48 horas, la indemnización legal máxima); el derecho al desempleo para los fijos discontinuos que saben en qué mes trabajarán, y la relajación de los requisitos para las 'ofertas adecuadas de empleo' que deben aceptar los parados.

Zonas rurales

Pero la negativa del Gobierno a extender las rectificaciones a la supresión del subsidio agrario provocó las críticas más duras. El diputado del PNV Iñaki Txueka afirmó que la protección social a los jornaleros de Andalucía y Extremadura ha permitido 'la fijación de la población al territorio y que no se haya producido un abandono masivo del campo y de las zonas rurales deprimidas'. Txueka advirtió que la desaparición del subsidio tendrá 'efectos irreversibles'.

El socialista Ramón Jáuregui defendió el mantenimiento del subsidio agrario para la 'permanencia y la mejora de los pequeños pueblos andaluces y extremeños en los que no hay actividad económica', lo que 'es un problema de España'. Desde IU, Antero Ruiz recordó los 'efectos beneficiosos' del subsidio al 'limitar las emigraciones masivas a las grandes ciudades y servir de reequilibrador interregional'. Los representantes del Grupo Mixto abundaron en la reclamación.

Tras escuchar estos argumentos, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aseguró que va a abrir un debate con los sindicatos sobre el asunto 'al margen de la tramitación parlamentaria' del decretazo, previsiblemente en la mesa de pensiones y de protección social.

También de cara al futuro, Zaplana se comprometió a dotar a las oficinas de empleo con casi 5.000 funcionarios más para que puedan aplicar la reforma. La oposición no ha logrado encontrar cuál es la partida presupuestaria que cubrirá la contratación de esos 5.000 nuevos empleados del Inem ni ha querido recordar los reiterados reproches del presidente del Gobierno al PSOE por su propuesta de ampliar la plantilla del Inem para atender a los parados.

Más retoques

El PP introdujo ayer en el pleno dos nuevas enmiendas al proyecto de ley y admitió que puede haber algunos retoques más en el Senado. Una de ellas fue pactada con Coalición Canaria y permitirá que se tenga en cuenta 'la realidad local' y la insularidad del archipiélago atlántico a la hora de considerar adecuada una oferta de empleo. El segundo cambio, negociado con CiU, reconoce bonificaciones a todos los contratos fijos que puedan realizar los trabajadores autónomos.

La aprobación parlamentaria de los cambios en el decreto que desató la huelga del 20-J corrió paralela a la pelea política entre el Gobierno y el PSOE por el asunto. El PSOE votó en contra de la nueva versión del proyecto de ley pese a calificarlo de 'historia de un fracaso' del Gobierno y afirmar que Zaplana 'ha dado orden de que siete de las ocho grandes regresiones que contenía el decreto sean superadas o suprimidas'. El diputado Jáuregui se congratuló del resultado: 'Estamos encantados porque hemos ganado esta batalla'.

Zaplana aprovechó la aparente contradicción entre esa felicitación del PSOE y su voto en contra del texto para acusar a los socialistas de buscar 'el lío por el lío' en vez de asumir que tanto los sindicatos como el Gobierno 'han hecho un ejercicio de flexibilidad' que ha recuperado el diálogo social. 'El interés del Gobierno es que este buen clima continúe y no entorpecerlo', declaró el ministro tras comprometerse a 'dar una pensada' a todo lo que los agentes sociales le planteen.

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