¿Es sólo cuestión de dinero?

Extrañamente a lo que se podía esperar, después de que la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades 'acordaran' el escenario de financiación para los próximos cinco años, con la apertura del curso escolar ha vuelto a resurgir la cuestión de la financiación de las Universidades Andaluzas. Y afirmo que extrañamente, dado que si dos partes se ponen de acuerdo en algo, lo razonable es que se mantengan leales a lo acordado.

Las Universidades andaluzas, lo mismo que la totalidad de los servicios públicos de la Junta de Andalucía, se han visto afectadas por las restricciones financieras impuestas por el no reconocimiento del censo andaluz, el impago de las liquidaciones de la PIE (Participación en los in gresos del Estado), el no abono de la deuda histórica y las restantes discriminaciones del Gobierno del PP para con Andalucía. Restricciones, que sin embargo no han impedido uno de los mayores logros de los andaluces: extender la Universidad a todas las provincias y absorber un incremento del número de estudiantes muy superior a la media nacional.

De esta situación de estrechez financiera han sido conscientes, primero, el Parlamento de Andalucía en su dictamen sobre financiación y titulaciones y, segundo, la Consejería de Educación y Ciencia con un acuerdo de financiación universitaria que cumple lo establecido en dicho dictamen y que todas las Universidades celebraron. Siendo esto así, ¿de qué va ahora todo este revuelo donde se habla de 'quiebras', 'imposibilidad de pagar nóminas', etcétera?, pues si el acuerdo era insuficiente ¿por qué se firmó?.

Mucho me temo que este revuelo esté relacionado con cuestiones de gestión interna de las Universidades, con problemas electorales universitarios y con la tramitación de la nueva Ley Andaluza de Universidades. En cuanto a lo primero, se ha de recalcar que una de las cuestiones pendientes de abordar en materia universitaria es la eficiencia en su gestión. El último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, referido a 1998 por el retraso tradicional de las Universidades en el cumplimiento de sus obligaciones con la Cámara, pone de manifiesto que, salvo excepciones parciales, las universidades retrasan la aprobación de sus presupuestos un mínimo de dos meses y un máximo de 11, los sistemas de contabilidad no se adaptan a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, no elaboran la Programación Plurianual, no elaboran los Planes de Actuación, mantienen acreedores por gastos no contemplados en la liquidación de presupuestos, etcétera. Es decir todo un problema de gestión atropellada que lleva a una sistemática petición de recursos adicionales.

A lo anterior es necesario unir una tendencia que se ha venido dando durante toda la década de los 90, consistente en el uso del presupuesto como un instrumento de campaña electoral interna. Todo Rector que quiera repetir debe aumentar los cargos internos de dirección (lo que significa más adhesiones incondicionadas), conseguir que se incrementen las titulaciones ofrecidas por su Universidad (ello significa más profesorado y más posibilidades de promoción) y sobre todo debe trasformarse ser un conspicuo constructor de campus y facultades (en algún caso se ha llegado casi a la obscenidad constructiva). Ello implica una espiral de crecimiento del gasto que no siempre ha contado con un apoyo presupuestario y financiero real, y que debiendo haber sido retrasado, por las restricciones financieras antes señaladas, no lo ha sido por decisión de las Universidades. El hecho de que ahora comiencen procesos electorales en todas las Universidades puede por tanto no ser ajeno a esta demanda extemporánea de financiación.

Finalmente, en este resurgir del problema financiero también influye la eminente tramitación de la LAU. En efecto, de la nueva regulación va a depender la mejora de la participación de la sociedad en el gobierno universitario, la adecuación de las plantillas a las necesidades reales del servicio, la adaptación de los estudios a la demanda real, la sujeción a un sistema de financiación corresponsable, planificado y por objetivos y la creación de todo un sistema de fomento de la calidad. Todo ello tiene que suponer una adaptación de la Universidad andaluza, ahora no sujeta a problemas de expansión, a una nueva situación donde se ha de primar la gestión eficiente, la transparencia, la calidad y el cumplimiento de los fines sociales que justifican que los andaluces paguen la mayor parte del servicio universitario con sus impuestos.

Evidentemente, todo ello va a suponer, por una parte, un escrutinio generalizado de la labor hasta ahora realizada y un cambio en los esquemas de valoración de la gestión universitaria; y, por otra, la necesidad de que los gobiernos universitarios se apliquen menos a florituras constructivas y otras cuestiones de lustro político-universitario, y más a demostrar que se tiene capacidad para construir una universidad como la que exige el reto modernizador de Andalucía. Siendo esto así, no sería de extrañar que algunos, en previsión del debate que se avecina, lancen el tema de la financiación como cortina de humo para tapar ineficiencias pasadas y/o previsibles futuras.

Luis Ángel Hierro es responsable del Grupo Regional de Universidad del PSOE-A y Diputado en el Parlamento de Andalucía