La oposición rechaza dar impunidad a EE UU en la Corte Penal Internacional

Todos los partidos, salvo el PP, reclamaron ayer al Gobierno que no firme ningún acuerdo bilateral con EE UU que garantice la inmunidad de los militares de dicho país ante la Corte Penal Internacional (CPI). Dos fueron los argumentos de la oposición para rechazar un acuerdo como el que reclama la Administración de Bush: que equivaldría a tirar por tierra la recién nacida Corte Penal Internacional y que supondría un trato discriminatorio con respecto a los soldados españoles, sujetos a la jurisdicción de dicho tribunal, competente para juzgar los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

El Partido Popular intentó buscar una salida que no le comprometiera y presentó una enmienda a las dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE e Izquierda Unida.

El grupo mayoritario argumentó que la Unión Europea, en el Consejo de Asuntos Generales celebrado el pasado 30 de septiembre, ya cedió a las presiones de Washington y abrió la puerta a que los Estados miembros firmen acuerdos bilaterales con EEUU para que sus soldados queden exentos de la jurisdicción de la CPI.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordaron ese día en Bruselas que cada socio pueda firmar, si así lo decide, acuerdos bilaterales con Washington para conceder inmunidad ante la CPI a su personal diplomático, civil y militar destinado en territorio de la Unión Europea. Los estadounidenses, en los países que firmen esos acuerdos, no podrán ser puestos a disposición del nuevo tribunal internacional para que respondan por presuntos crímenes de guerra o contra la humanidad, sino que serán entregados a EE UU y juzgados en su propio país.

El PP aseguraba en su enmienda que la respuesta decidida en Bruselas 'garantiza los principios básicos que inspiran la Corte Penal Internacional, y que, básicamente, son la exigencia de no impunidad y de no reciprocidad'.

Ningún otro grupo de la Cámara compartió la visión del partido del Gobierno. Aún más, varios portavoces argumentaron que firmar un acuerdo de tales características con Estados Unidos dejaría incluso al Rey en una situación de menor protección que a los soldados estadounidenses.

El ejemplo era, y así lo reconocieron quienes lo mencionaron, una exageración, pues no es imaginable que el jefe del Estado se viera envuelto en un proceso de este tipo, pero refleja el absurdo jurídico que va a generarse, ya que los países de la UE se han comprometido a no reclamar para sus propios nacionales el trato privilegiado que concederán a EE UU.

'Ya hay 13 países que han firmado acuerdos de impunidad con Estados Unidos', advirtió el diputado socialista Diego López Garrido al defender la propuesta de su grupo. El portavoz socialista en la Comisión Constitucional advirtió de que sumarse a esa lista y pidió a todos los grupos de la Cámara que 'España no entre en esa dinámica' ya que supondría, a su juicio, un 'golpe de muerte' para la CPI.

En esa misma línea argumentó el diputado de Izquierda Unida José Luis Centella. Reprobó la 'doble vara de medir' que reclama Estados Unidos y recordó la 'terrible experiencia' vivida en Europa en el siglo XX, con 'conculcaciones masivas de los derechos humanos y genocidios organizados'. Aceptar la impunidad de los soldados y diputados estadounidenses, añadió, equivale a 'reconocer la supremacía de Estados unidos en el nuevo orden internacional'. Aún más, Centella acusó a países como EEUU e Israel de denominar 'daños colaterales a lo que claramente son actuaciones que debería juzgar la CPI'.

Los grupos de Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria, tantas veces cercanos al Gobierno, se aliaron en esta ocasión con socialistas e IU para defender a la CPI frente a las pretensiones de la Administración Bush.

CiU reclamó que no se firmen acuerdos que puedan 'comprometer o limitar' la 'investigación y persecución de crímenes incluidos en el ámbito de jurisdicción de la Corte Penal Internacional'. Por su parte, Coalición Canaria calificó de 'contrario a derecho, inconstitucional, ilegal e ilegítimo' cualquier acuerdo de tales características.

Al final, se impuso la mayoría absoluta del Partido Popular y las opiniones de la oposición sumaron 130 votos frente a los 156 del partido del Gobierno. Un resultado absolutamente insólito para tratarse de de un asunto que afecta a la política exterior española, normalmente objeto de un amplio consenso parlamentario.