El Supremo protesta al Ejecutivo por no darle rango de órgano constitucional

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que preside Francisco José Hernando Santiago, ha transmitido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 'la queja y protesta institucional del Tribunal Supremo' por no haberle situado en los Presupuestos Generales de 2003 'en el capítulo de órganos constitucionales del Estado'. El acuerdo, de 3 de octubre último, encarga a Hernando Santiago que, 'a la mayor brevedad posible, gestione una audiencia con el presidente del Gobierno [José María Aznar], en la que se le manifieste la queja del Tribunal Supremo respecto a la actitud del ministro de Hacienda'.

El acta de la reunión, que ha conocido este periódico, hace referencia a los escritos cruzados entre el Supremo y Hacienda. Así, en sendas cartas de 8 de enero y 27 de mayo de 2002, Hernando Santiago, con base en que las retribuciones de los magistrados del Supremo se establecen, desde la reforma legal de 1997, en cuantía similar a las de otros titulares de órganos constitucionales del Estado, pedía la ubicación presupuestaria en el mismo capítulo.

La respuesta del ministro, previo informe de la dirección general correspondiente, fue negativa. Entre las argumentaciones 'absolutamente inasumibles', según el Supremo, figura la de que 'tampoco el Tribunal Supremo es un componente fundamental de la estructura constitucional, en la medida en que no aparece como el órgano director de uno de los poderes del Estado, función ésta que en el ámbito del poder judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)'.

Conclusiones 'ofensivas'

El acuerdo del Supremo critica la 'inadmisible banalización del cometido constitucional' del Alto Tribunal que realiza Hacienda, por el hecho de que los magistrados del Supremo se integren en la carrera judicial. En cuanto a la afirmación de que el Supremo no dirige el poder judicial, el Supremo estima que Hacienda 'llega a conclusiones (...) ofensivas para la institución'.

El Supremo estima que 'la frialdad' del Ejecutivo 'y la serenidad con la que decide que la cúspide constitucional del poder judicial no es el Tribunal Supremo (...) resulta sorprendente, por utilizar el adjetivo más suave'. E insiste en que constituye un 'error' de gran 'calibre' considerar al CGPJ 'como el órgano director del poder judicial, excluyendo al Tribunal Supremo'.

La sala de gobierno del Supremo estima que 'nunca en España, desde la Constitución de 1812, que instituyó el Tribunal Supremo, se habían oído en voz del Ejecutivo tan despectivas palabras para esta venerable y a la par crucial institución, cabecera del poder judicial del Estado (...) entendida y degradada por el ministro de Hacienda a la categoría de un simple servicio...'.

Preguntado uno de los vocales del sector progresista del CGPJ, Javier Martínez Lázaro, estimó 'preocupante' esta actitud del Supremo, ya que 'como órgano supremo de la jurisdicción, no puede hacer política judicial, sino que debe encauzar sus quejas a través del CGPJ, que es el órgano al que, en su caso, le correspondería dirigirse al Gobierno'.