Una nueva agencia diseñará los objetivos y controlará todo el gasto público en I+D+i

La Agencia de Ciencia y Tecnología de la Generalitat, prevista en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2003, diseñará y coordinará los programas de investigación públicos y privados que se acometan en territorio valenciano y controlorá el uso de todo el gasto público de la Generalitat destinado a I+D+i. La entidad diseñada por el Consell vincula la investigación estricta con la innovación tecnológica, desborda la agencia constituida por la Generalitat de Catalunya y asume el modelo de empresa diseñado por el gobierno vasco.

La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2003 se ha convertido en tabla de salvación de la 'legislatura del I+D+i'. La apuesta por la investigación que formuló Eduardo Zaplana en su investidura en julio de 1999 y reiteró tres años más tarde su sucesor al frente de la presidencia de la Generalitat José Luis Olivas apenas cobra cuerpo a última hora con la creación de la Agencia de Ciencia y Tecnología (ACT).

Pero la propuesta es ambiciosa. La Generalitat se dota de un instrumento ejecutivo autónomo vinculado directamente al presidente para liderar los planes de investigación y desarrollo; coordinar los trabajos acometidos desde la Universidad, los institutos tecnológicos o empresas privadas; garantizar el trasvase de experiencias; y, sobre todo, arañar y canalizar todos los fondos europeos, estatales o privados para optimizar su distribución.

La ACT responde a un modelo novedoso que vincula la investigación universitaria con la innovación tecnológica, aspectos que tanto el Estado como los organismos paralelos establecidos por los gobiernos catalán o vasco mantienen desvinculados. Su puesta en marcha efectivaa debe ser 'rápida', según Javier Quesada, subsecretario de Ciencia y Tecnología. Cuando entre en vigor la ley, el próximo 1 de enero, basta con aprobar el reglamento operativo.

La nueva entidad de la Generalitat desborda la agencia catalana, constituida para agilizar la gestión de las ayudas públicas. Y asume el modelo del gobierno vasco, que dispone de una empresa pública dedicada exclusivamente a gestionar los planes de investigación.

El peso del gasto que asumen las universidades en materia de investigación, que representa casi el 60% de los recursos destinados a I+D+i en la Comunidad Valenciana, es clave en la configuración de la agencia.

La 'externalización' también es fundamental en el diseño de la agencia a partir de una premisa básica: la administración ni tiene ni debe experiencia en investigación o tecnología. Pero sí puede fomentar la coordinación y la participación de todos los actores, públicos y privados, que dedican esfuerzo humano y recursos económicos a I+D+i.

La vía legal elegida para crear la agencia es la modificación de un artículo de ley de fomento de la investigación, elaborada por Carmen Martorrell cuando ocupaba la dirección general de Universidades, que establecía el denominado Organismo Público Valenciano de Investigación, un 'organismo autónomo de carácter administrativo', creado para fijar objetivos de investigación, gestionar algunos programas, asesorar y fomentar las relaciones entre organismos públicos y actores privados.

'La capacidad de acción del OPVI ha resultado evidente constreñida por su definición jurídica', señala una alta fuente de la Generalitat. La ACT, con objetivos muy similares, nace como una entidad pública sujeta a derecho privado, es decir, autorizada a conceder subvenciones; constituir o participar en sociedades mercantiles o entidades sin ánimo de lucro tanto públicas como privadas; participar en operaciones y sociedades de capital riesgo; o pedir créditos y concertar otras operaciones financieras.

El objetivo primordial de la agencia es agregar las iniciativas dispersas en materia de investigación que se desarrollan en territorio valenciano, y elevar el volumen de inversión en I+D+i desde el actual 0,74% del PIB, por debajo del 0,89% de media nacional.

La agencia nace con un presupuesto continuista sobre la dotación para fomento de la investigación y desarrollo tecnolótico previstos el año pasado, a los que la Generalitat destinó algo menos de 60 millones de euros. Y surge desvinculada de las competencias de Modernización de la Administración Pública.

Pero pretende movilizar todos los recursos dedicados a I+D+i de todos los departamentos de la Generalitat, esencialmente, Educación, a través de las nóminas de los investigadores; Agricultura, a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, puntero en su ámbito; o Sanidad, que construye un instituto de Biomedicina en Valencia. La entidad asume el compromiso de agilizar las ayudas procedentes del sistema financiero para acometer proyectos previstos en los planes de I+D+i y debe convertirse en emblema de la cooperación con las universidades para la promoción de parques científicos. También debe impedir que se pierdan fondos europeos por falta de programas de investigación adecuados.