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Calibrar las consecuencias

Para todas las sociedades europeas, como para los Estados Unidos, decidir lo que hay que hacer ante las posibilidades que ofrece la investigación sobre células madre no está siendo fácil, sobre todo cuando se trata de utilizar células embrionarias humanas. Cada país acude a su tradición propia y a sus equilibrios políticos para afinar sus posiciones. Estas decisiones pueden tener consecuencias a corto y a largo plazo. Para calibrarlas hemos de poner en la balanza en cada caso y en cada momento los beneficios y riesgos que percibimos y a los que damos un peso relativo según los valores de cada uno.

A corto plazo, la decisión de prohibir cualquier investigación sobre células embrionarias humanas sólo tiene efecto para el trabajo que se realiza en este tema. En el caso de España, que los pocos grupos que estaban investigando o las empresas que estaban invirtiendo aquí se encuentren en dificultades puede importar poco. De hecho, algunos pueden pensar que nuestro país ya ha perdido tantas oportunidades de intervenir en el progreso de la ciencia que una más no cuenta. Sin ir más lejos, vista la forma como se ha financiado y gestionado por ahora la acción sobre Genómica, también perderemos este tren y a nadie parece importarle. Pero es también posible que, al contrario, haya alguien que valore más el hecho de que, siendo nuestra ciencia tan débil, perder una línea de investigación prometedora o dificultar una inversión industrial por una prohibición de base política es un error.

Por otra parte, habrá que decidir qué hacer con las decenas de miles de embriones congelados en las clínicas que utilizan la fecundación in vitro y que siguen produciéndose. Para producir menos pueden utilizarse óvulos congelados, pero ya se han visto recientemente las dificultades que ello presenta. O se podría seguir la doctrina de la Iglesia católica que se opone al uso de las técnicas de reproducción asistida, pero nuestra sociedad ya hace tiempo que ha dejado esta decisión a las parejas. Una alternativa para los embriones existentes es dejar también la decisión a las parejas que están dispuestas a donar las células embrionarias para la ciencia y, desde luego, efectuar el trabajo con todas las cautelas y con la máxima transparencia. Ello permitiría incrementar nuestro conocimiento sobre las posibilidades terapéuticas de este tipo de células, que es lo importante en este momento. Quizá alguien prefiera estimular la investigación en aspectos como las células madre adultas, pero habrá que estar bien seguros de que se avanzará más con estos estudios que usando células embrionarias y que finalmente no estaremos produciendo más sufrimiento al utilizar tejidos de individuos adultos. Pero no financiar e incluso prohibir investigaciones en temas que pueden ser prometedores es discutible cuando la historia nos demuestra que toda decisión radical sobre temas científicos está destinada a ser revisada.

A medio y largo plazo, todo va a depender del éxito que tenga la investigación actual, que, desde luego, no se va a detener. En países como el Reino Unido, Francia o Suecia, sin hablar de Singapur o la India, el trabajo continúa, azuzado por la esperanza de encontrar un tratamiento eficaz para enfermedades como la diabetes, los efectos del infarto de miocardio o el Parkinson. No es posible en este momento predecir si el tratamiento procederá de las células embrionarias, de las células madre adultas o si necesitará de la clonación terapéutica. Y nadie puede asegurar ni cómo ni cuándo serán aplicables unos resultados que van a necesitar de ensayos complejos antes de su uso generalizado. Pero si las investigaciones que se llevan a cabo en otros países tienen éxito y existen tratamientos disponibles, habrá que decidir qué se hace.

Quizá habrá que reconocer la utilidad de estas técnicas, valorar la importancia de las enfermedades que resuelven frente a otros riesgos y cambiar la decisión del Gobierno. Ello ocurrirá demasiado tarde para que nuestro país haya participado en el desarrollo de estas técnicas. Quizá habrá que importar las células producidas a partir de embriones en otros países. Se trataría de una posición en la que parece aceptarse una doble moral para quien produce las células fuera de las fronteras y quien las utiliza dentro de ellas. O quizá, los pacientes deberán ir a tratarse a otros países. Porque es difícil pensar que, si se consiguen tratamientos eficaces, se va a detener su aplicación provengan de donde provengan las células. En cualquier caso, habría que dejar muy claro en nombre de qué principios se puede retardar una investigación o excluir un tratamiento que puede solucionar un grave problema de salud.

Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC y miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 13 de octubre de 2002.

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