Rechazo razonado

El rechazo por parte de la patronal vasca a la propuesta de reforma soberanista del Estatuto planteada por el lehendakari tiene más alcance que el de la opinión interesada de un sector social. Por las razones que invoca, que Ibarretxe no ha podido refutar, y porque confirma la difícil viabilidad práctica de un proyecto que requeriría para prosperar un fuerte respaldo político y social. El rechazo, tan unánime que ha alarmado hasta a los más entusiastas, se debe a que la propuesta no incide en el problema que preocupa a la mayoría, que no es el de las competencias o la soberanía, sino el de la violencia de ETA, y a su carácter de ruptura con lo existente sin alternativa verosímil.

Es imposible que la propuesta sea asumida por los partidos representativos de la mitad no nacionalista de la población, lo que hace inverosímil que pueda suscitar un consenso comparable al del Estatuto de Gernika; y no es realista la esperanza de Ibarretxe de que, a falta del apoyo de los partidos, obtendría el respaldo directo de la población, incluyendo el de 'colectivos no abertzales'. El neto rechazo de la patronal, que representa a 13.000 empresarios, demuestra que no basta con el voluntarismo para eliminar la pluralidad social. También pone de relieve los límites del clientelismo nacionalista: hay un punto del que no se puede pasar, ni siquiera bajo la coacción de ETA. Esa evidencia no podrá ser contrarrestada con una lista de unos cientos de empresarios favorables a la propuesta soberanista, como intentan los nacionalistas; al revés: demostraría que es una propuesta que divide y fractura también a los colectivos sociales.

El Estatuto fue respaldado por el 90% de los votantes (y el 53% del censo). Pero su legitimidad no deriva sólo de su origen, sino de su reconocimiento ulterior como marco político aceptado por todos los partidos, excepto la minoría que legitima la violencia. La propuesta de sustituir ese consenso mayoritario por otro reducido a los partidos nacionalistas se justificó en su día por la necesidad de favorecer la integración del mundo radical. Pero el desenlace de Lizarra demostró que esa renuncia a los principios no hacía desistir a ETA y sí debilitaba en cambio la cohesión de la sociedad frente a su coacción incesante.

Los empresarios ponen el acento en ese riesgo de ruptura de la cohesión social. En Euskadi, a diferencia de Irlanda del Norte, la incomunicación entre los partidos no ha cristalizado en la existencia de dos comunidades aisladas y enfrentadas ni ha provocado todavía, según Confebask, una 'fractura en la convivencia ciudadana'. El motivo es que en muchas familias, cuadrillas y asociaciones de todo tipo conviven personas nacionalistas con otras que no lo son o lo son en algunos aspectos de la vida, y no tanto en otros. El Estatuto, en cuanto pacto interno entre los vascos, es la expresión política de esa convivencia.

La propuesta de Ibarretxe rompe, por su unilateralidad, ese pacto y crea una dinámica que conduce a la escisión en dos comunidades excluyentes. No es casual que al final del proceso se plantee un referéndum destinado a zanjar el conflicto que se plantearía si el Congreso de los Diputados no avala -como requeriría la eventual reforma legal del Estatuto- lo votado por una mayoría del Parlamento vasco. Se apuesta claramente por enfrentar esas dos legitimidades.

Esa perspectiva rupturista no puede dejar de afectar al proceso desde su inicio. ¿Está dispuesto el nacionalismo a mantener su apuesta en esas condiciones, e incluso a llegar al conflicto institucional? Es seguro que algunos sectores lo desean, pero cuesta creer que un partido tan orgánico como el PNV pueda prescindir tan alegremente de los intereses que representa y le recuerdan los empresarios. La incertidumbre que suscita el proyecto incide sobre las decisiones de inversión y condiciona las expectativas de una economía tan abierta al exterior, especialmente al mercado español, como la vasca. Por otra parte, es contradictorio argumentar lo bien que va la economía vasca gracias a la autonomía, y a continuación proponer la liquidación de ese modelo. Lo más probable es que Ibarretxe se empeñe en seguir adelante con su propuesta, cueste lo que cueste, pero lo más probable no coincide siempre con lo que es más deseable: que la retire cuanto antes.