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COLUMNA

Gescarterín, a la palestra

Para un tipo cualquiera que se haya metido interinamente a hacer política y, de paso, a agenciarse una pasta, no debe haber nada más humillante, que lo saque de la escena pública, una pareja de guardias por trilero, o porque su jefe no pudo llevárselo al río, pensando que si no era mozuela, al menos era inmune al veneno del río Segura. Una cosa es que lo descabalgue el adversario a pie de urna, como a un caballero medieval en un juicio de Dios, y otra que se lo quiten de encima envuelto en una citación del juzgado, como un bocadillo de tortilla a la española. Apenas en una semana, en Alicante, que es la segunda ciudad del País Valenciano, aunque se siga ignorando en el cap i casal, hemos asistido a dos números bombas: la despedida de Julio de España de la Diputación Provincial; y el anuncio, por parte del PSPV, de una querella contra el alcalde Díaz Alperi, por el presunto desfalco en Mercalicante. El tercer y último número bomba lo protagonizó Francisco Camps al sacar pecho por el gobierno municipal. Francisco Camps vela sus armas y las velará hasta el próximo dio veinticinco, cuando, en Alicante, sea proclamado candidato a la Generalitat. Solo entonces, Camps dejará de suspirar, en teresiano, aquello de vivo sin vivir en mi, y muero porque no mueren (políticamente hablando) ni Zaplana ni Olivas. Popularísima trinidad.

Lo de Julio de España es una faena: que lo retiren por negarse a bañarse en el Segura, que es como un Jordán de higiene y salubridad garantizada por la mayoría absoluta, demuestra su poca fe en esa mayoría absoluta, y se le aplica una severa penitencia: que se flagele en una viñeta del TBO o en los cotos de caza que privatizó, no siendo quién para hacer uso arbitrario del patrimonio de todos. Lo de la querella criminal que mañana decidirán presentar los socialistas contra la comisión ejecutiva de la empresa mixta Mercalicante, que preside Díaz Alperi, por desfalco de unos siete millones de euros, y que hasta ahora lleva a sus espaldas el ex gerente de la misma, Emilio Clavero. Los socialistas han manifestado que se trata del 'mayor escándalo político y económico de la ciudad de Alicante', y Blas Bernal, portavoz del grupo municipal de PSPV-PSOE, ha solicitado una comisión de investigación, para depurar responsabilidades políticas, solicitud que apoya EU, y cuya comisión ha de convocar Díaz Alperi, en un plazo que expira el próximo 24, y que de no hacerlo, le correspondería convocarla de oficio al secretario general del Ayuntamiento. Además, el mismo portavoz, ha solicitado de la ejecutiva de su partido, una reunión que tendrá lugar mañana.

Asunto oscuro que salpica la supuesta inocencia del alcalde y de los ediles del PP, Juan Zaragoza y José María González Galant, responsables de una gestión desastrosa, como comisión ejecutiva de Mercalicante. La auditoría efectuada por Pricewaterhouse también constata las subvenciones concedidas por la Generalitat a Tenos, una de las 4 sociedades implicadas en esta turbiedad, así como su ausencia de control. Angel Franco, por su parte, ha solicitado la comparecencia en el Senado de Arias Cañete, ministro de Agricultura, y socio del Ayuntamiento, en Mercalicante, a través de Mercasa. Esto tiene perfil de Gescartera, dijo el senador socialista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de octubre de 2002