El Gobierno autoriza el trasvase Tajo-Guadiana, aparcado desde 1995
Las obras de un trasvase que las Cortes aprobaron por decreto-ley hace siete años, en plena guerra del agua entre Castilla-La Mancha y Murcia, comenzarán en breve al obtener por fin ayer la luz verde del Consejo de Ministros. Se trata de una derivación, a través de 162 kilómetros, de 50 hectómetros anuales desde el acueducto Tajo-Segura hacia la cuenca alta del Guadiana, donde la sobreexplotación del llamado acuífero 23, en La Mancha oriental, ha dejado en precario el abastecimiento de más de 40 municipios, entre ellos Alcázar de San Juan, Daimiel y Ciudad Real.
La aprobación de este trasvase, que ha sido luego recogido en el Plan Hidrológico Nacional, se fraguó en agosto de 1995 por el procedimiento de urgencia. Tras varios años de sequía, el Gobierno de Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, exigió que antes de desviar agua del Tajo a Murcia se garantizaran las demandas de la propia comunidad. 'Es inadmisible que los municipios de la región que ven pasar el agua [el acueducto Tajo-Segura] por sus pueblos tengan un nivel absolutamente detestable, mientras ese trasvase se utiliza para regar tomates en Murcia', decía el presidente castellano-manchego José Bono.
Al margen del hecho denunciado por Bono, los ecologistas estiman que el déficit de los abastecimientos manchegos se debe a la proliferación de pozos ilegales (se estima que existen 30.000) y a la puesta en riego de más de 150.000 hectáreas tradicionalmente de secano en este territorio. Ecologistas en Acción considera que el trasvase es innecesario, por lo que trasladaron a Bruselas una queja en la que aseguraban que no resolvería los problemas de gestión del agua en la cuenca alta del Guadiana.
Pese a las denuncias, el proyecto ha salido adelante, tras la firma de un convenio entre el consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil, y el presidente de la Confederación del Guadiana, José Díaz. Por este acuerdo la confederación hidrográfica se hace cargo de la construcción de la conducción, valorada en 148.413.385 euros, y la diferencia hasta los 288,5 millones que cuesta el proyecto completo (con las expropiaciones) la abona la Administración autónoma.
Con todo, serán los usuarios del agua quienes paguen los costes porque el decreto que regula el trasvase fue de los primeros que recogía el traslado del coste íntegro a los beneficiarios, incluida la amortización, explotación y conservación de las obras
Ayer mismo, el Boletín Oficial del Estado publicaba la actualización de las tarifas del agua del trasvase Tajo-Segura, donde van incluidas las de este ramal. Según este nuevo baremo, el agua de boca se pagará a 0,113558 euros el metro cúbico en Murcia y a 0,042399 en La Mancha.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Obras ampliación
- VII Legislatura España
- Consejo de Ministros
- Gobierno de España
- Trasvase agua
- Río Tajo
- Obras hidráulicas
- Metro
- Ríos
- Obras públicas
- PP
- Legislaturas políticas
- Transporte urbano
- Partidos políticos
- Espacios naturales
- Transporte ferroviario
- Gobierno
- Agua
- Administración Estado
- Transporte
- Urbanismo
- Empresas
- Política
- Economía
- Administración pública