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TRIBUNA

¿Y si la propuesta del 'lehendakari' hubiera sido otra cosa?

Imagínense la siguiente historia. Después de las elecciones vascas de mayo de 2001, el Gobierno, asumiendo que las dificultades para vencer electoralmente al PNV son mayores de las esperadas, comienza a pensar qué otras medidas posibles, aparte de las estrictamente policiales y judiciales, serían beneficiosas en la lucha contra el terrorismo. Pronto descubre que una medida de carácter político como la aprobación de una Ley de Partidos que abra la puerta a una posible ilegalización de Batasuna podría contribuir a reducir la impunidad con la que actúan los seguidores de ETA, a aislar aún más a los terroristas y sus secuaces, impidiendo que sigan infiltrándose y aprovechándose de las instituciones, y a dar cierta satisfacción moral a todos los que viven bajo miedo y coacción en el País Vasco, que son muchísimos.

El Gobierno espera que PNV-EA se opongan frontalmente a la ilegalización de Batasuna, por una mezcla de razones sinceras y oportunistas. Sinceras porque PNV-EA saben que con la ilegalización de Batasuna será más difícil un gran frente nacionalista como el de Lizarra. Oportunistas porque saben que si consiguen parte del apoyo que hasta entonces recibía Batasuna, tienen bastantes posibilidades de alcanzar una ajustada mayoría absoluta en las siguientes elecciones.

El Gobierno de España entiende, además, que la colaboración de los nacionalistas es precisa en la lucha antiterrorista, y no tanto porque la Ertzaintza sea más o menos eficaz en sus detenciones de comandos, sino sobre todo porque la última esperanza que le queda a una ETA en franca decadencia es reeditar un frente de Lizarra II, y mientras PNV-EA no le quiten esa última esperanza a ETA, ésta seguirá conservando algún tipo de aspiración política.

Por eso, se decide a celebrar algunas reuniones secretas, o simplemente discretas, entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco. Se discute allí qué haría falta para que PNV-EA asuman plenamente la ilegalización de Batasuna y se comprometan a colaborar en la lucha final contra ETA. Los nacionalistas, como de costumbre, ven que pueden sacar algún provecho del lío que se avecina y plantean su programa máximo, un referéndum por la autodeterminación o algo parecido. El Gobierno trata de convencer a los nacionalistas de los muchos impedimentos (jurídicos, políticos, morales) que hay para una cosa semejante. Pero no todo son negativas. Ofrece una posibilidad intermedia, a saber, no poner trabas a una posible reforma del Estatuto de Autonomía de 1979 que establezca una nueva forma de relación entre la Comunidad Autónoma Vasca y España, siempre y cuando dicha reforma se produzca una vez derrotada ETA. Y todo ello a cambio de que PNV-EA se enfrenten abiertamente con ETA y su mundo, mostrando que el obstáculo a las demandas nacionalistas son los terroristas y no la cerrazón del Estado español.

Los nacionalistas sienten curiosidad por esta propuesta y amagan un poco, para comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno. Éste se muestra firme. El máximo al que puede llegar se resume fácilmente: el Gobierno garantiza que los dos principales partidos, PP y PSOE, no votarán en contra de una reforma del Estatuto en el Parlamento español siempre y cuando dicha reforma se apruebe en un referéndum celebrado al menos un año después de que ETA sea derrotada o abandone la lucha armada unilateral e incondicionalmente y la propuesta nacionalista sea apoyada por tres quintos del censo o dos tercios de los votantes. Evidentemente, para que este acuerdo sea posible el Gobierno se ha reunido antes con los líderes del PSOE y éstos han mostrado su disposición a ratificar un arreglo de esta naturaleza. El Gobierno, además, exige garantías de que los nacionalistas aceptarán el resultado aunque pierdan el referéndum, de modo que si los nacionalistas sacan mayoría pero ésta no es tan grande como para satisfacer el requisito previamente establecido, reconocerán que no se dan las condiciones objetivas para seguir adelante con sus planes.

Los nacionalistas se lo piensan mucho. Tienen en cuenta que la mayoría absoluta en el Parlamento vasco está al alcance de su mano y que pueden en buena medida capitalizar la derrota de ETA, reforzando así su posición hegemónica en el País Vasco. Son también conscientes de que ETA está en las últimas, que ETA ya no es capaz de explicar o justificar sus atentados, como hacía antes, y que su capacidad operativa está seriamente mermada. El horizonte de una salida negociada con ETA en la que los nacionalistas no violentos saquen tajada prácticamente se ha esfumado. Por último, saben que hay una clara mayoría de vascos partidaria de que se celebre algún tipo de consulta popular. PNV-EA creen, con mayor o menor fundamento, que pueden arrastrar a muchos de ellos hacia un voto favorable a la reforma del Estatuto. Al fin y al cabo no están reclamando todavía la independencia, sino tan sólo una nueva forma de encaje dentro de España. Finalmente se deciden a dar el paso.

El Gobierno, los nacionalistas y el PSOE explican a la ciudadanía el acuerdo al que han llegado. Todo el país va a estar unido en la lucha contra el terrorismo, de modo que si se logra acabar con el terrorismo etarra, al cabo de un año de tan ansiado logro se celebrará un referéndum en el País Vasco en el que se decida si hay mayoría suficiente (recuérdese, tres quintos del censo o dos tercios del voto) a favor de la propuesta del Gobierno vasco. Los dos grandes partidos españoles se comprometen a que en caso de que la propuesta sea aprobada según lo establecido, no pondrán obstáculos en el Parlamento nacional a la tramitación de dicha reforma. Y el Gobierno vasco reconoce por activa y por pasiva que, sin una mayoría como la fijada por todas las partes, el proyecto confederal resulta inviable.

En los meses siguientes ETA se siente cada vez más acorralada. Batasuna ya no se puede presentar a las elecciones y todos los nacionalistas, salvo los más fanáticos, esperan que se produzca la derrota final de los terroristas. ETA declara una tregua indefinida e incondicional haciendo creer que sus demandas han sido satisfechas, aunque a nadie se le escapa que la organización terrorista ha sido doblegada. Al cabo del tiempo el referéndum se celebra y el resultado obtenido es...

Todo esto podría haber pasado, o al menos se podía haber intentado que pasara. Pero la realidad siempre es más sombría. Los nacionalistas decidieron actuar unilateralmente, para gran alarma de todos los vascos no nacionalistas que pensaron con buenas razones que si hasta ahora habían vivido con miedo, el futuro podría ser aún más negro. Por descontado, los nacionalistas no fueron nada claros acerca de las condiciones en las que debería celebrarse el referéndum, ni qué mayoría valdría para considerar que los vascos quieren la reforma del Estatuto. Tampoco se dignaron a explicar qué iban a hacer para acabar con el terrorismo. Por el otro lado, el del Gobierno español, se lanzaron acusaciones exageradas, se descalificó la propuesta desde el comienzo y se descubrió que el patriotismo constitucional era sólo un disfraz de un patriotismo algo más siniestro. El enfrentamiento dejó todo preparado para una probable deriva rupturista de los nacionalistas de consecuencias incalculables, mientras ETA se preguntaba intrigada cómo era posible que sufriendo tanta debilidad sus objetivos parecieran más próximos que nunca.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Ciencia Política.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de octubre de 2002