Alperi rechaza responsabilidades políticas en el 'caso Mercalicante'
El Ayuntamiento se querella contra Clavero y cuatro ejecutivos
Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, del PP, rechazó ayer cualquier tipo de responsabilidad política en el supuesto desfalco del ex gerente de Mercalicante, Emilio Clavero. 'En absoluto hay responsabilidades', dijo Alperi. El alcalde confirmó la querella contra Clavero y cuatro representantes de otras tantas sociedades en las que el entonces gerente se apoyó para su administración fraudulenta. El fiscal del caso solicitará que declaren en el juzgado varios miembros del consejo de administración de Mercalicante.
El ex gerente de Mercalicante mantuvo ante el juez que los órganos supervisores de Mercalicante conocían las operaciones supuestamente irregulares por las que fue destituido Clavero y detenido por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Clavero está ahora en libertad con cargos. Los órganos supervisores de la empresa mixta Mercalicante son el consejo de administración y la comisión ejecutiva, ambos presididos por el alcalde. El primero, aparte de a los consejeros de Mercasa, dependiente del Ministerio de Agricultura, incluye a representantes de los grupos políticos municipales. El segundo se constituyó en diciembre de 1988 a propuesta de los consejeros del PP. Además del alcalde, lo forman dos miembros de Mercasa y otros dos ediles del PP, Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant.
Díaz Alperi recalcó ayer que ni el consejo de administración ni la comisión ejecutiva tuvieron conocimiento de las irregularidades de la gestión de Clavero: 'El gerente, una persona que es culpable, no va decir soy culpable, me lo he llevado todo', comentó Alperi.
La querella de Mercalicante, presentada ayer, se ha dirigido contra el ex gerente de la entidad y otras cuatro personas, los representantes de cuatro sociedades relacionadas con proyectos de la entidad. El Ayuntamiento sospecha que estas mercantiles ayudaron al entonces gerente a esquilmar supuestamente a Mercalicante y a tapar su saldo deudor. Estos cuatro querellados son: Antonio Rocas, de Intercom e Intermark; Francisco Luego, de Inver; y María Josefa Camuñas y Ángel Moreno, de Tenos. El Ayuntamiento también actuará por vía administrativa contra los responsables de la firma que, anualmente, auditaba a Mercalicante sin descubrir irregularidad alguna. La trama de Clavero fue desvelada por un informe externo efectuado por la firma auditora Pricewaterhouse.
Las explicaciones de Díaz Alperi sobre el escándalo financiero de una de las empresas más importantes participadas por el Ayuntamiento siguen sin convencer al primer partido de la oposición, el PSPV. Blas Bernal, portavoz municipal socialista, acusó ayer a Alperi de 'eludir sus responsabilidades'. 'La querella trata de desviar la atención', añadió. Bernal reiteró la necesidad de una comisión de investigación para depurar responsabilidades. 'Es necesario conocer la actuación del órgano fundamental: la comisión ejecutiva, que se creó a propuesta del PP y de la que quedó excluida la oposición. La comisión de investigación es imprescindible', argumentó. Mientras, el senador socialista Ángel Franco solicitará la comparecencia del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que controla la firma Mercasa, socio con el Ayuntamiento en Mercalicante.
El portavoz del grupo municipal del PSPV destacó las repercusiones de la crisis de Mercalicante para los intereses de la ciudad. 'La primera consecuencia del agujero de Mercalicante es que la ampliación de capital de 901.518 euros para amortizar la deuda saldrá del presupuesto de inversiones, la reforma del mercadillo y las expropiaciones para la vía parque', explicó. El PP prevé aprobar la ampliación de capital en el pleno de hoy.
El fiscal del caso anunció ayer que llamará a declarar a miembros del consejo de administración para contrastar la versión ofrecida por Clavero en su declaración judicial.
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