Una alternativa problemática
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha venido defendiendo la enseñanza de la religión en los centros públicos con argumentos muy simples, que se limita a repetir una y otra vez. Como si repetirlos tuviera la virtualidad de convencer a cuantas voces se han levantado y como si la táctica fuera repetir y repetir hasta que se cansen de preguntar. Creo que se pueden reducir a dos: los padres quieren que se estudie religión y el conocimiento del hecho religioso es imprescindible para comprender nuestra cultura. Sin duda, lo primero resulta más discutible que lo segundo.
El ministerio, en diversas ocasiones habla de que habrá 'un tronco común de contenidos sobre el hecho religioso', del que participarían dos asignaturas, una desde la perspectiva confesional y otra desde una no confesional. Esto es lo más novedoso, pues hasta ahora nunca se había dado comunidad entre los contenidos de la religión y los de sus alternativas. La otra novedad respecto a lo actualmente vigente es que la alternativa será también evaluable.
El no ser evaluable tiene el inconveniente de que resulta más difícil para el profesor lograr un clima de trabajo en el aula, pero tiene la ventaja de que no hay que redactar programación ni coordinar el desarrollo de esas clases, que son impartidas por profesores de las más diversas especialidades para completar sus horarios. Por su parte, los profesores de religión están adscritos a un departamento cualquiera, generalmente por afinidad personal o ideológica con sus miembros, pero de facto ningún jefe de departamento hace el seguimiento de su programación.
La necesidad de evaluar también la alternativa a la religión obligará a redactar de consuno la programación de ese tronco 'común' de contenidos, pues en caso contrario correría grave riesgo el derecho de los alumnos, recogido en el artículo 2 de la propia LOCE , 'a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad'. Es evidente que si los contenidos son los mismos y sólo cambia la perspectiva, entonces no pueden aplicarse criterios de evaluación diferentes. El único modo realista de lograrlo sería la creación de un departamento ad hoc, al que habrían de pertenecer todos los profesores que impartieran esos contenidos. El problema sería entonces quién ha de asumir la jefatura de ese departamento. Las tareas de redactar la programación, hacer el seguimiento de su desarrollo y garantizar su cumplimiento, así como de gestionar las recla-maciones posibles -la mayoría de las que se presentan están referidas precisamente a la aplicación de los criterios de evaluación-, corresponden al jefe del departamento. Al tiempo que sería extravagante que la jefatura la ejerciera un profesor seleccionado por una jerarquía religiosa con criterios propios, parece dudoso que satisficiera a las autoridades religiosas que sus representantes en los centros escolares quedasen excluidos de esta responsabilidad, y es de temer que por esta hipotética puerta falsa se colasen de nuevo en la Comisión de Coordinación Pedagógica, un órgano de enorme peso en la organización de los centros, formado por todos los jefes de departamento, junto con el director y el jefe de estudios. Lo que ahora, al no ser evaluable la materia alternativa, plantea en la práctica sólo problemas menores, los planteará graves.
La creación de la especialidad sobre el hecho religioso en los distintos cuerpos de ense-ñantes, con oposiciones como las del resto de especialidades, tendría ventajas como que estaría claro en los centros quién debe encargarse de estas asignaturas, habría un departamento con todas sus funciones como los demás, el Estado seleccionaría a su propio profesorado, se evitarían episodios bochornosos de despidos por criterios extra-constitucionales y mejoraría la calidad de la enseñanza de contenidos tan importantes al ser impartidos por especialistas que han demostrado su capacidad en procedimientos públicos bajo los criterios exclusivos de igualdad, capacidad y mérito. Por otra parte, si como aseguran los obispos la clase de religión no es de adoctrinamiento, no se ve por qué el Estado no puede establecer los requisitos necesarios para impartirla en sus centros -que se limitarían a conocimientos y aptitudes, como ocurre con todas las demás áreas y materias-.
Más aún, el Estado español viene confiando en la jerarquía católica para la selección del profesorado, pero no parece confiar igualmente en las de otras confesiones que están reclamando el mismo derecho. En Alemania, por ejemplo, se empieza a sentir la necesidad de la intervención del Estado en la enseñanza de las religiones con el fin de evitar, por ejemplo, que se inculquen ideas muy perjudiciales para la convivencia pacífica en sociedades plurales como las que la civilización europea nos ha llevado a disfrutar hoy.
Carmen Ballesta es profesora de Filosofía en el IES Valle de Leiva, de Alhama, Murcia.
