El Gobierno crea una tasa para financiar el AVE de Madrid a Barcelona desde 2003

El Gobierno quiere poner en marcha la liberalización del transporte ferroviario. El pistoletazo de salida es la creación de la tasa por utilización de la infraestructura ferroviaria, incorporada en los Presupuestos Generales de 2003. La nueva tasa deberán pagarla todas las empresas de transporte -incluyendo a Renfe- que utilicen las nuevas vías de alta velocidad encargadas al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). El próximo año se aplicará al tramo Madrid-Lleida del AVE a Barcelona y posteriormente se extenderá al resto de corredores que están en construcción.

El transporte ferroviario iniciará el próximo año su primer paso hacia la liberalización. El Ejecutivo ha decidido introducir la 'tasa por utilización de las infraestucturas ferroviarias'´, que será gestionada por el GIF y servirá para su financiación. Este organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, tiene como función la contratación y gestión los nuevos corredores de alta velocidad.

De esta forma, el GIF, que hasta ahora era un mero contratista de obras, se convertirá a partir del próximo año en un árbitro del transporte ferroviario, funcionando de forma similar a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que se financia con las diferentes tasas que cobra a las compañías aéreas por la utilización de los aeropuertos.

En principio, la nueva tasa se cobrará a todas las empresas que decidan utilizar las nuevas líneas AVE por la reserva del trazado y la de capacidad, que incluye, entre otros conceptos, el tráfico producido sobre la infraestructura ferroviaria, el suministro de energía eléctrica, el estacionamiento y la utilización de andenes en las estaciones.

La tasa se empezará a aplicar, según recoge una modificación de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2003, en el tramo Madrid-Lleida, de la línea AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, cuya inauguración está prevista para finales de este año. En principio, por esta línea ya ha anunciado que circulará Renfe, pero, según el texto que recoge la tasa, se abre la puerta a que otras empresas soliciten la explotación de la línea.

Según estimaciones del GIF, con este canon sólo se podrá amortizar a lo largo del tiempo el 30% de la inversión prevista en la línea (alrededor de 7.800 millones de euros) y asegurar que el mantenimiento no le cuesta nada al Estado. En los Presupuestos del año próximo no aparecen cuantificados los ingresos previstos por esta tasa, ya que, según Hacienda, no es posible porque aún no se ha aplicado.

Varias empresas, encabezadas por constructoras o compañías del transporte por carretera, han mostrado su interés por explotar la línea Madrid-Barcelona, con trenes propios o alquilados. El canon se generalizará para el resto de los corredores del AVE a medida que éstos se vayan poniendo en marcha. Entre los mismos destacan el proyecto Madrid-Valencia y Córdoba-Málaga y el de Madrid-Valladolid-Vitoria. Además, para las empresas privadas que participen en la construcción de estas nuevas líneas, los Presupuestos del año próximo prevén aportaciones de 90 millones de euros.

Aportación de 1.268 millones

Según fuentes de Hacienda, la nueva tasa justifica la forma de financiación del GIF que el Gobierno adoptó desde su creación, en el año 1997. Consiste en que el Estado realiza cada año aportaciones patrimoniales al GIF que se contabilizan como un activo financiero y no influyen en el déficit. En el año 2001, esa aportación superó ligeramente los 1.000 millones de euros (160.000 millones de pesetas de entonces) y para 2003 está previsto elevar esa cifra hasta 1.268 millones.

Esa aportación se financia con deuda y no con transferencias, como otros gastos que sí influyen en el déficit. La explicación es, según Hacienda, que el GIF puede obtener recursos de la explotación comercial de las líneas, a través de la nueva tasa, a diferencia de lo que ocurre con otros gastos del Estado. Según el PSOE, éste es un artificio contable que le permite al Gobierno ocultar un déficit de unos 5.000 millones de euros por operaciones de este tipo. Hacienda responde que están permitidas por Eurostat.