El debate más esperado

Empieza mañana en el Parlament el debate de política general, el momento clave de la vida política catalana en el que todos los grupos analizan con detalle el último curso, definen su estrategia y lanzan sus propuestas de futuro. El debate de este año, además, será el último protagonizado por Jordi Pujol, presidente de la Generalitat desde 1980, con lo que el balance sobre el pujolismo en su conjunto marcará todos los discursos. Pero más allá de las despedidas, de las alianzas y las estrategias de los partidos, el debate es también el gran momento de la política que afecta a la gente, el lugar donde se discuten los problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos. EL PAÍS ha efectuado una selección de algunos de estos asuntos que serán abordados a partir de mañana.

Madrid dedica al metro 2.120 millones hasta 2003. Barcelona, 3.260 millones hasta 2010

Cataluña es la comunidad con más accidentes laborales mortales: 131 este año

El fracaso escolar en secundaria se sitúa alrededor del 22%, lejos de Navarra (16%)

- Infraestructuras. Las infraestructuras catalanas están bien planificadas, pero adolecen de un problema de calendario en las realizaciones. Está prevista la ampliación del aeropuerto, pero todo hace pensar que no estará terminada en 2004 como inicialmente estaba comprometido. Mientras, se colapsan los servicios y se pierden posibilidades de operación a larga distancia. Está prevista la ampliación del puerto de Barcelona y la conexión de éste y del de Tarragona con la línea férrea de ancho europeo, pero no se ha licitado ninguna de estas obras, imprescindibles para la exportación ya que las carreteras están al borde del colapso. Está programada la llegada del AVE a Barcelona en el año 2004, pero nadie cree que se cumpla la fecha. Y la conexión con Francia, también prevista para 2004, cada vez está más lejos por la falta de firmeza del Gobierno central ante Francia y del Gobierno catalán ante el Ejecutivo de José María Aznar. La N-II sigue sin estar desdoblada en Lleida y en Girona, mientras que el Eix Transversal es cada vez más una trampa para sus usuarios.

- Inmigración. La población inmigrante que vive en Cataluña de manera regular se ha triplicado en menos de seis años y ya supera con creces las 310.000 personas. Es decir, el 5% de los catalanes. Si a ellos se suman los sin papeles, el porcentaje puede superar el 7%. En algunas poblaciones del interior los inmigrantes son ya más del 10% del censo. Pese a la restrictiva Ley de Extranjería, los inmigrantes siguen llegando masivamente a Cataluña. La Administración autonómica reclama competencias que ahora tiene el Gobierno central para abordar la situación, mientras que los consistorios exigen que asuma sus responsabilidades en servicios sociales, enseñanza y vivienda. En este clima de indefinición, el terreno aparece abonado para la demagogia y el racismo, pues es innegable que una parte de los inmigrantes se ve abocada a la delincuencia como único medio de vida, lo cual facilita el discurso demagógico de vincular inmigración e inseguridad ciudadana.

- Seguridad. El clima de inseguridad ciudadana ha aumentado en los dos últimos años. Lo reflejan las encuestas y las cifras oficiales de la policía. La explicación radica en la descoordinación entre los diferentes cuerpos de Seguridad que operan en Cataluña como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra como policía ordinaria. Hasta el año 2010, cuando está previsto que finalice la sustitución de una policía por otra, se vivirá una situación transitoria. La policía autonómica catalana tiene unos 7.400 agentes, la mitad de los que integrarán el cuerpo en el futuro, mientras que las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil no paran de descender. El ministerio dice que cubre las vacantes, pero en el último concurso de traslado se fueron de Cataluña más de 1.000 policías. Donde más se nota esta falta de efectivos policiales es en el área metropolitana de Barcelona, cuyos alcaldes reclaman reiteradamente más agentes para evitar que la situación se degrade, sobre todo en los barrios populares.

- Accidentes laborales. El inicio del curso político ha dejado atrás lo que los sindicatos han calificado como 'verano negro' por la escalada de accidentes laborales que desde el 17 de julio se ha saldado con la muerte de 26 trabajadores. Cataluña es la comunidad autónoma que registra un mayor número de accidentes mortales: 131 en lo que va de año, con especial incidencia en el sector de la construcción. Los sindicatos han denunciado que las empresas no cumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor desde 1995, y atribuyen la elevada siniestralidad laboral a la temporalidad y la subcontratación en cadena. Algo que los empresarios niegan. Pero las críticas y acusaciones le han llovido sobre todo al consejero de Trabajo, Lluís Franco, por la 'inoperancia' y 'pasividad' de su departamento para hacer frente a la siniestralidad laboral.

- Enseñanza. El Ejecutivo de CiU ha optado por dar un papel cada vez más importante a la escuela privada y concertada, que absorbe en torno al 25% del presupuesto de Enseñanza. Los convenios firmados con algunos centros de élite 'porque sobraba el dinero', en palabras del conseller en cap, Artur Mas, pusieron la política educativa en el ojo del huracán, pero el modelo se ha mantenido inalterado. El fracaso escolar en secundaria se sitúa alrededor del 22%, un porcentaje similar a la media española, pero lejos de Navarra (16%) y por encima de otras siete comunidades. La falta de plazas de guardería pública ha provocado la movilización ciudadana y la semana pasada se presentó en el Parlament una iniciativa legislativa popular con 83.917 firmas reclamando que se creen guarderías. En 1999, el Gobierno catalán se comprometió a crear 30.000 plazas antes de 2004 y asegura que ya se han constituido13.000 gracias a los convenios suscritos con 318 ayuntamientos, aunque la oposición sigue reclamando la elaboración de un mapa escolar.

- Universidad. El Ejecutivo presentó antes del verano el proyecto de Ley de Universidades, el primero que elabora un Gobierno autónomo para desarrollar los aspectos que no regula la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Las posibilidades de que el texto se apruebe en esta legislatura son exiguas ante las dificultades que CiU encontrará para contentar al PP o a Esquerra. Poco aporta la ley para tratar que la Universidad conecte más y mejor con su entorno y con lo que demandan las empresas. El Departamento de Universidades sostiene que el 80% de los universitarios empieza a trabajar antes de acabar la carrera y más del 90% lo hace a los seis meses de finalizarla. El porcentaje de contratos temporales entre los recién licenciados ronda el 38% y los sueldos oscilan entre 9.000 y 18.000 euros anuales.

- Industria y tecnología. El debate se produce en un momento de fuerte desaceleración económica que se deja sentir en toda la industria. De la crisis se hacen eco el sector textil (con el cierre de más de una docena de pequeñas empresas en el último medio año y que ha afectado a más de 1.500 contratos), el automovilístico (con el último episodio aún abierto de la decisión de Seat de producir parte de los modelos Ibiza en Eslovaquia, que según UGT amenaza a 500 empleos e, indirectamente, a 5.000 más) y las telecomunicaciones, donde la delicada situación financiera que azota al sector ha derivado en un parón inversor. En casi todos los sectores industriales el trasfondo es el mismo: la competencia de países con menores costes laborales como los asiáticos o los del Este de Europa. El debate industrial se centra en cómo debería pilotarse la transición de Cataluña desde la competitividad por mano de obra barata a ser polo de atracción de inversiones por su elevado nivel de desarrollo tecnológico. Sobre la mesa figuran tanto las infraestructuras de telecomunicaciones como el papel del Gobierno catalán en propiciar el uso ciudadano de las nuevas tecnologías. Cataluña es líder en el uso social de Internet (que sufre ahora un estancamiento en la incorporación de nuevos internautas), pero no supera el 5% de los hogares conectados a Internet a gran velocidad. La estrategia algo errática en materia de telecomunicaciones de la Generalitat es otro motivo de discusión.

- Recursos naturales. Tras su apoyo incondicional al Plan Hidrológico Nacional, CiU intenta a marchas forzadas distanciarse de este faraónico proyecto por el temor a perder gran parte de su electorado en las tierras del Ebro, donde ha suscitado mayor oposición. El Gobierno catalán se afana en publicitar la alternativa del trasvase del Ródano, al tiempo que acelera las inversiones en las tierras del Ebro para frenar, aunque sea inyectando dinero en infraestructuras, el general descontento hacia CiU. En la actualidad, la Unión Europea está evaluando la concesión de ayudas comunitarias al proyecto, y las plataformas antitrasvase han presentado alegaciones. La construcción del ansiado canal Segarra-Garrigues continúa su marcha, aunque la parte correspondiente al Ejecutivo central está más adelantada. El 12 de junio, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, colocó la primera piedra de las obras de conexión en la presa de Rialb. El Gobierno catalán confía en que las obras de su competencia se inicien este año aunque todavía no las ha licitado. El mismo día del acto presidido por Matas en Lleida, el Consell Executiu aprobaba el nuevo mapa eólico después de que el primero fuera invalidado por el pleno del Parlament. El nuevo mapa, que considera el 62% del territorio catalán compatible para albergar molinos de viento, amplía las zonas de protección ambiental y excluye otras como los Ports, el Montsant y el Alto Pirineo, autorizadas inicialmente.

- Transporte. El transporte público en la región metropolitana funciona relativamente bien en el centro de Barcelona, pero es más que deficiente en las poblaciones de la primera y la segunda coronas. Esto comporta que diariamente se colapsen los accesos por carretera ya que el transporte público es muy deficiente. La mejora de Cercanías ha quedado absorbida por los aumentos de población en las localidades del Maresme, Garraf y otras comarcas. El Gobierno catalán ha invertido en Ferrocarrils de la Generalitat, pero ha olvidado el metro, especialmente en comparación con Madrid, que apuesta por el futuro. Esta ciudad tiene en la actualidad 176 kilómetros de red de metro con 202 estaciones. Barcelona tiene 81 kilómetros y 112 estaciones. Si se suman los tramos estrictamente urbanos de Ferrocarrils de la Generalitat, la red alcanza 129 kilómetros con 145 estaciones. Madrid ha invertido en los últimos años 1.550 millones de euros en la nueva red, y ha construido 38 estaciones y 56 kilómetros. Barcelona ha invertido 510 millones y ha construido 18 estaciones y 12 kilómetros. Madrid invertirá 2.120 millones de euros hasta 2003. Barcelona, 3.260 millones hasta 2010.