El Gobierno vasco recurrirá la Ley de Partidos ante el Constitucional

El Gobierno vasco presentará esta semana un recurso contra la Ley de Partidos ante el Tribunal Constitucional. Asumirá así un papel que no deseaba y al que se ha visto forzado finalmente, tras fracasar, por su situación de minoría parlamentaria, el intento de que fuera la Cámara de Vitoria la que lo planteara. Con esta, el Ejecutivo vasco rompe la decisión tomada en 1992 de no recurrir al Constitucional porque cuestiona su neutralidad.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, anunció la medida para los próximos días -el plazo vence el sábado- y justificó la decisión en la gravedad de las conculcaciones de derechos fundamentales en las que el Ejecutivo vasco entiende que incurre la Ley de Partidos.

Su situación de minoría parlamentaria ha conducido al Gobierno tripartito a asumir la postura que defendió desde el primer momento su socio más pequeño, Izquierda Unida, y a la que se han resistido hasta el último momento el PNV y EA. La formación que lidera Javier Madrazo nunca quiso plantear el recurso desde el Parlamento, para evitar que su presentación se viera contaminada por un hipotético apoyo de Batasuna. Finalmente, fue la oposición de ese grupo, que sumó su negativa a las del PP y el PSE, lo que derrotó la iniciativa de los grupos del Ejecutivo hace 10 días y ha obligado al Gobierno a asumir el recurso. 'La decisión se ha adoptado tras analizar desde una perspectiva fundamentalmente jurídica, aunque también política, el cúmulo de gravísimas infracciones que la Ley de Partidos contiene', dijo Zenarruzabeitia.

El Gobierno vasco estima que la Ley tiene 'un sesgo de medida de excepción', ya que entiende que limita derechos de los partidos políticos que, a su juicio, no tienen acomodo en la Constitución, restringe derechos fundamentales contenidos en ella y fuerza 'en extremo' el funcionamiento del principio de separación de poderes. Asimismo, el Ejecutivo autonómico sostiene que la norma 'contraviene o vulnera los principios de igualdad, de seguridad jurídica y de irretroactividad'.

Zenarruzabeitia explicó el cambio de actitud del Gobierno ante el Constitucional, al que dejó de acudir en reclamación de sus competencias estatutarias. 'Tomamos esa decisión política porque a la vez que se juzgaba sobre la materia recurrida se hacía doctrina sobre el conjunto del autogobierno. Actualmente, no hablamos de un tema competencial, sino que afecta a las libertades, derechos y garantías democráticas del conjunto de la sociedad en general y de la vasca en particular', razonó. 'La situación es excepcional', añadió.

La vicelehendakari anunció también que a la hora de presentar el recurso 'se harán las alegaciones oportunas sobre el presidente del Tribunal Constitucional, porque públicamente ha manifestado su opinión personal sobre circunstancias que afectan a la ley' recurrida. Zenarruzabeitia aclaró que no recusarán a Manuel Jiménez de Parga. 'Pero no les oculto que se hará mención a determinadas cuestiones que tienen que ver con el presidente del Tribunal'.

Jiménez de Parga dio por hecho el pasado 4 de abril, en unas declaraciones a Onda Cero, que el Constitucional no pondría reparos a la Ley de Partidos, cuyo proyecto le parecía 'correcto' y que carecía de 'desviaciones importantes que pudieran ser tachadas de inconstitucionales'.

Los promotores de la Ley de Partidos, el PP y el PSOE, reaccionaron ayer con diferente tono al anuncio del Ejecutivo vasco. El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, acusó al Gabinete de Ibarretxe de 'poner chinitas' a las iniciativas judiciales y políticas contra Batasuna. 'Una vez más nos vuelven a demostrar que a la hora de la verdad cada vez que se da un paso clave y definitivo para luchar contra el entorno de ETA no se puede contar con el Gobierno vasco', aseveró.

El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, arguyó, por su parte, que si bien la ley atribuye a los gobiernos autonómicos la competencia para presentar recurso de inconstitucionalidad, el anunciado ayer constituye un error político y está 'abocado al fracaso', ya que en la redacción de la ley se tuvo buen cuidado de que respetase los principios constitucionales.