El Gobierno vasco recurre la Ley de Partidos porque "refuerza" a Batasuna

Un día antes de que se cumpliera el plazo, el Gobierno Vasco presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Partidos por considerar que contiene "obligaciones y límites" que no encuentran "fundamento en la Constitución española", que vulnera los principios de igualdad, de seguridad jurídica y de irretroactividad y que "fuerza al extremo el principio de separación de poderes", según un comunicado emitido esta mañana por el Ejecutivo vasco. Su portavoz, Josu Jon Imaz, ha añadido otras razones: esta ley "nos aleja de la paz" y "refuerza a los sectores más radicales".

El registro del recurso se produce después de que el 5 de septiembre, PNV y EA presentaron en el Parlamento Vasco una iniciativa en la que proponían que fuera esta institución la que lo interpusiera, pero su socio de Gobierno, IU-EB, recordó su preferencia porque lo presentara el Gobierno Vasco en lugar del Parlamento, para evitar así que la presencia de Batasuna "distorsione" el debate.

En su recurso, el Gobierno de Vitoria alega que "restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos", tales como el de asociación política, libertad ideológica y participación en los asuntos públicos", así como los recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950.

Para el Gabinete de Ibarretxe, la ley también contiene

obligaciones y límites contrarios al pluralismo político y que, además, "se superponen y duplican" los establecidos en el Código Penal. Asimismo, cree que no observa el principio de "non bis in idem", al sancionar conductas ya castigadas como delitos en el Código Penal, entre las que se citan en el recurso los de asociación ilícita, apología del terrorismo, enaltecimiento o colaboración con banda armada.

"Abiertos, impreciso y redundante"

En opinión del Gobierno Vasco, no se atiene a los principios de legalidad penal y proporcionalidad, ya que define las causas de ilegalidad a través de formulaciones "abiertas, imprecisas y redundantes", y tampoco garantiza la presunción de inocencia, por lo que "afecta al derecho de tutela judicial efectiva".

En otro de los fundamentos del recurso, se considera que la Ley tiene "un sesgo de medida de excepción", al pretender "instalarse entre la legalidad penal y la norma

constitucional" y estar dedicada "a regular con carácter general la actividad de los partidos". Además, la institución vasca explica que "abre la puerta a la judicialización de la confrontación partidaria y, en consecuencia, a la instrumentalización política de las instituciones contra el adversario políticos".

En este sentido, precisa que confiere al Ministerio de Interior atribuciones de fiscalización respecto al régimen de inscripción registral de las formaciones que "son contrarias al derecho de asociación política porque estas atribuciones constituyen una potestad exclusiva de los tribunales ordinarios de Justicia". Por todo ello, la Vicepresidencia vasca concluye que el recurso tiene el objetivo de "preservar y defender una serie de derechos, libertades y garantías fundamentales inherentes a la esencia misma del Estado de Derecho, que caracterizan a todo sistema político basado en la legitimidad democrática".