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Tribuna:AULA LIBRE

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En plenas vacaciones estivales, la prensa da a conocer el hecho de que el MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) no ha pagado las becas concedidas a 8.000 alumnos universitarios, ni piensa pagarlas por falta de fondos. Curándose en salud, según parece, y para evitar que se repita tan desagradable tesitura, las becas en cuestión han sido suprimidas en la convocatoria para el curso próximo.

Los alumnos a los cuales el MECD concedió a principios del curso pasado las becas que ahora no quiere pagarles no son alumnos cualesquiera, sino precisamente los más pobres de entre los universitarios pobres. Es precisamente por la extrema pobreza de sus familias -menos de 2.000 euros anuales por persona- los que les hizo acreedores a unos 1.800 euros anuales extra, pensados para compensar el salario que el estudiante deja de ganar. De ahí el nombre de 'compensatorias' que se da a estas ayudas, o el de becas-salario que se les dio antes. Como los reporteros de EL PAÍS bien ilustraron, estos jóvenes con ingresos familiares de menos de 2.000 euros por persona al año sólo pueden estudiar a base de mucha solidaridad familiar y sacrificios personales, desde pedir prestado a los abuelos a trabajar en vacaciones.

Siguen existiendo fuertes desigualdades sociales en el accceso a la Universidad

Además de los libros y las matrículas, y del transporte o la residencia fuera del hogar cuando la universidad queda lejos, la enseñanza tiene costes de oportunidad como cualquier otra oportunidad humana: lo que se deja de ganar mientras se estudia. A la edad de los universitarios, estos costes de oportunidad son mucho mayores que los costes efectivos, como se ve comparando los 2.000 euros a que aproximadamente ascienden la matrícula y los libros en una universidad pública con el salario medio de un trabajador de 20 años. Desde luego, los 1.800 euros de las becas compensatorias quedan muy lejos de lo que hoy en día puede ganar trabajando un alumno universitario. Por comparar con otro programa asistencial, es poco más o menos lo que si el alumno es andaluz o extremeño podría sacar del PER con dar unas cuantas peonadas al año. Pero es el máximo a que nuestros pasados gobiernos -incluyendo los socialistas- han sido capaces de llegar en materia de igualdad de oportunidades ante la enseñanza universitaria.

La insistencia actual en la calidad de la enseñanza no debería ocultar que siguen existiendo fuertes desigualdades sociales en el acceso a la Universidad: ingresan en ella más del 75% de los hijos de profesionales y menos del 10% de los hijos de obreros agrarios o de peones industriales. En realidad, este clasismo es mayor que hace 30 años, cuando los porcentajes eran del 60% y el 2%, respectivamente. Pues, aunque ahora haya más hijos de obreros, la distancia que los separa de los hijos de los profesionales ha aumentado en vez de disminuir. ¿A qué se debe una desigualdad tan amplia y persistente? En parte, sin duda, se debe a diferencias académicas, y ahí poco puede hacer la política; pero no hay duda de que otra parte se debe a las diferencias económicas, y ahí es donde son eficaces las becas. No se trata sólo de que las familias obreras no puedan pagar los 2.000 euros de la matrícula y los libros; se trata también de que un joven de 18 años que termina el bachillerato se enfrenta a un dilema muy penoso cuando ha de decidir entre vivir a costa de su familia en casa o ponerse a trabajar para por lo menos no ser una carga. Para inclinar a estos jóvenes a estudiar en vez de a trabajar, aliviándoles a ellos y a sus padres al tiempo de una carga material y moral, se crearon en el franquismo esas becas que el MECD ha dejado este año de pagar y desde el próximo de otorgar.

Es difícil imaginar una decisión más torpe desde cualquier punto de vista. En términos de política educativa quita justamente a quien más lo necesita, probablemente a los únicos que realmente lo necesitan. Comparadas con estas becas, todas las políticas 'de calidad' -por ejemplo, conexiones con Internet, reducción de horarios a profesores, conciertos para preescolar, y no digamos las becas llamadas de 'movilidad', que se conceden para que los estudiantes cambien de universidad- pueden considerarse lujos, si no puro despilfarro demagógico. Espero que, aparte de protestar y sacarlo a la luz pública -que esto se haya sabido en julio y agosto por iniciativa de un rector prueba el desamparo de estos estudiantes-, alguien sea capaz de entablar una acción judicial en regla tanto contra el impago como contra la nueva convocatoria. Por mucho menos se han movilizado otros con éxito. Hacia 1985, por ejemplo, los jueces decidieron que exigir a los becarios de bachillerato matricularse en centros públicos atentaba contra su libertad de elección y obligaron al MEC a incluir en las becas los costes de la 'enseñanza', es decir, las cuotas de los centros privados. ¿Serían los tribunales capaces de garantizar el derecho a elegir y no el derecho a simplemente estar?

En términos de política de imagen es difícil lograr metedura de pata más clamorosa. Por lo que conozco a la ministra y a su secretario de Estado de Universidades, decisiones de tan poca sensibilidad están en las antípodas de su talante personal. No parece sino que algún funcionario -no quiero pensar en el mismo que ya coló acusaciones de fraude a los becarios en un artículo que la ministra publicó en Papeles de Economía Española, porque ya leí que había sido eficazmente localizado y neutralizado- anduviera empeñado en que el MECD y el Gobierno aparezcan quitando al pobre para dar al rico y quebrantando al débil para contentar al fuerte. O más bien será que el Ministerio de Hacienda ha entrado en el tema con su habitual combinación de arrogancia e ignorancia. En cualquier caso, debe de haber un error y urge que el Gobierno lo corrija. ¿O habremos de pensar que son realmente como sus enemigos dicen?

Julio Carabaña es catadrático de Sociología de la Complutense.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de septiembre de 2002