El agujero negro de la Diputación

El miércoles pasado, el portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Valencia, José Enrique Aguar, presentó una moción al pleno corporativo en la que, dando por cierta la degradación económico-financiera del ente provincial, anotaba que era 'imprescindible' establecer la situación patrimonial de la misma, lo que conllevaba conocer rigurosamente sus 'disponibilidades reales y obligaciones ciertas'. Y proponía, en consecuencia, que la Sindicatura de Comptes dictaminase acerca de los ejercicios 1999, 2000 y 2001 con el propósito último de sanear los dineros públicos. El mentado pleno y su presidente tienen desde ahora la palabra.

La moción -convienen subrayarlo- no responde a un desahogo vagamente razonado para fastidiar al partido gobernante. Se funda en hechos probados, como es la desaparición de un puñado de millones, cuya cifra exacta ha ido modificándose desde la inicial de casi 29 a más de 13 y, por fin -un fin provisional- a solo cuatro. A esta volatilización de recursos o mero error contable hay que añadir la desaparición de los libros de caja correspondientes al periodo 1996-2000, lo que sugiere que la irregularidad, además de sus consecuencias penales y administrativas, podría trocarse en escándalo si se probase alguna actuación dolosa. La Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto a raíz de la denuncia presentada por el presidente de la corporación, Fernando Giner, el primer interesado en iluminar este agujero negro y endosarle a quien corresponda el presunto delito de infidelidad en la custodia de los documentos públicos.

A la espera, pues, de que la Sindicatura de Comptes y los tribunales resuelvan lo que proceda, sí parece pertinente preguntar si en esa casa, la llamada Ajuntament d'Ajuntaments, los euros se gastan con la probidad y transparencia debidas. Por lo pronto hay fundadas dudas de que así sea, como se desprende de los hechos narrados y, asimismo, de la ligereza con que el actual equipo gobernante bendijo la rendición de cuentas de sus predecesores, involucrados probablemente en estos sinsabores. Tampoco es soslayable -y seguimos aludiendo a la probidad y transparencia- la penosa y heterodoxa práctica de acumular deudas sin consignación económica para pagarlas a cargo de los presupuestos posteriores. Por este y otros caminos la Diputación arrastra una partida de 5.000 millones de pesetas no presupuestados y ha llegado a exceder el límite legalmente permitido, con la lógica repercusión negativa en sus inversiones -su ejecución no llega a la mitad de lo previsto, según fuentes socialistas-. No ha de sorprendernos que los municipios se cansen de esperar las subvenciones y ayudas adjudicadas.

Por fortuna, y a pesar del desmadre descrito, la partida de Comunicaciones y Protocolo, dependiente de Presidencia y de muy liberal disposición, se ha incrementado en 150.000 euros, lo que es una buena pasta gansa para propiciar contentos y adhesiones, y museos de los pueblos o de las fiestas, por no hablar de esa descomunal frivolidad museística que ha sido el Muvim, del que, además de habernos costado un pastón multimillonario, está por saberse cómo ha enriquecido el acervo cultural de la ciudad o de la provincia. ¡Valientes manirrotos!

En realidad, divagar sobre el o los agujeros de las diputaciones en tanto que entes administrativos no deja de ser un circunloquio, pues no hay más agujero negro ni mayor derroche de recursos materiales y personales que las mismas diputaciones, por más que hayan sido revalidadas por el Estatuto de Autonomía. Quizá tuvieron su razón de permanecer en el momento en que este fue redactado y la autonomía provincial era un paliativo y una traba para otra autonomía de mayor aliento. Pero, consolidado el régimen autonómico, y ante la expectativa de que las áreas metropolitanas y las comarcas racionalicen la organización del territorio, las dichas corporaciones no son otra cosa que termiteras o feudos para aparcar clientes políticos y medrar a costa del erario público.

Ya oigo la protesta del titular de la de Castellón, Carlos Fabra, pero podría hablarse de una excepción debida al linaje que él prolonga en ese taifato singular donde no se mueve una brizna sin su permiso.