Las comunidades del PSOE exigen a Aznar que garantice financiación para la Ley de Calidad

Los presidentes de las seis comunidades gobernadas por el PSOE han mandado una carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, en la que advierten, en referencia al proyecto de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que 'no es admisible la imposición de nuevas obligaciones a las comunidades autónomas sin la transferencia correspondiente de los recursos económicos precisos'.

Los presidentes de Andalucía, Manuel Chaves; Aragón, Marcelino Iglesias; Asturias, Vicente Álvarez; Baleares, Francesc Antich; Castilla-La Mancha, José Bono, y Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, advierten a Aznar de que, a pesar de que faltan pocos días de que se inicie el debate parlamentario del proyecto, las comunidades, 'que tienen competencias exclusivas en materia educativa y, por tanto, la responsabilidad de aplicar los preceptos que finalmente se aprueben en el Parlamento, no conocen ni las repercusiones presupuestarias del texto aprobado por el Gobierno ni las previsiones que el Estado tiene para acometer la financiación correspondiente'.

También denuncian estos presidentes autonómicos que las diversas alegaciones hechas por sus comunidades, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, a los dos textos elaborados por el Gobierno sobre esta reforma 'no han sido recogidas en el proyecto remitido al Congreso de los Diputados, por lo que en su formulación actual este proyecto de ley no cuenta con el consenso que requiere un tema de esta envergadura'.

Convocatoria 'urgente'

Estos presidentes recuerdan a Aznar que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha aducido, para no presentar la memoria económica de la ley, que este tema debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que las competencias educativas están transferidas a las comunidades. Por ello, solicitan 'la convocatoria urgente' de dicho consejo, 'antes de que se inicie la correspondiente discusión parlamentaria, para que ésta pueda desarrollarse con el rigor y la información necesaria'.

Estas comunidades consideran que la reforma de la educación no universitaria es una cuestión que trasciende el mundo educativo y que debe contar con el consenso de los gobierno autonómicos. Estos presidentes han resaltado también 'la importancia de las repercusiones que sobre las políticas' de las comunidades puede tener un proyecto de este tipo.

El Congreso de los Diputados solicitó a principios de mes al Gobierno, en cumplimiento con el reglamento del Congreso, la presentación de la memoria económica de esta ley, elaborada por el Ministerio de Educación pero no presentada oficialmente. El Ejecutivo denegó esta petición el lunes pasado y afirmó que 'no ha efectuado una evaluación cuantitativa del coste de esta ley'.