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COLUMNA

La comunidad apiñada

Una de dos, o bien la manifestación convocada el pasado sábado en Bilbao por unos ciudadanos particulares con el lema Gora Euskal Herria era ilegal, o bien no lo era. Si era ilegal, tal como lo prescribía el auto del juez Garzón, el Gobierno vasco tendría que haberla prohibido, haciendo uso de sus funciones y obligaciones, en lugar de desempeñar el papel del mensajero, como si la cosa no fuera con él: les comunico señores convocantes que el juez Garzón considera que su manifestación es ilegal. El Gobierno parecía lavarse las manos, pero destacaba a un par de centenares de ertzainas como arcángeles del Señor, que actuarían en función de un criterio justo y proporcional, no sometido al parecer a orden alguna, y que corregiría por elevación al señor Garzón, al Gobierno vasco y a los propios manifestantes. Apostados los tronos celestiales en lugar que no les nublara el juicio, aguantaron comedidos hasta que les agredieron. También la paciencia de los querubines tiene un límite. En definitiva, el común de los mortales sigue sin saber si aquella manifestación estaba prohibida o no, si era ilegal o no lo era, ya que la actuación de los ertzainas no fue motivada por esas causas, sino por una agresión que no estaba prevista en el programa. La verdad es que todo resulta tan grotesco que hasta hace dificultoso hablar de ello.

Pero se hizo efectiva la profecía, y esa es la virtud de la huida al limbo de nuestro Gobierno. Ya lo advirtieron ellos: la ilegalización de Batasuna tendrá consecuencias funestas y radicalizará a los ya radicales. Sin embargo, ni la decisión parlamentaria de iniciar el proceso de ilegalización del partido abertzale, ni el auto del juez Garzón que paralizaba todas sus actividades, suscitaron ninguna reacción alarmante que diera razón a los agoreros. Las protestas mayores vinieron desde el nacionalismo institucional, mientras los radicales se limitaban a exigir de éste una actitud más firme de rechazo de las medidas adoptadas y un posicionamiento más nítido de defensa de la comunidad nacionalista. Pues bien, ya todos empiezan a coincidir y ése es el principal mérito de la manifestación bilbaína. Dejó patente, en primer lugar, esa reacción importante del mundo radical que hasta entonces había brillado por su ausencia; dramatizó, además, los efectos de la aplicación de las decisiones del juez Garzón, consecuencias no queridas para un Gobierno que previamente se había distanciado de ellas; provocó, finalmente, una reacción victimizada en el mundo nacionalista, que da pie al Gobierno para defender a los suyos en nombre de los derechos ciudadanos conculcados. Nada de todo esto hubiera sido posible sin la torpeza previa del Gobierno vasco.

No me considero competente para analizar las decisiones del juez Garzón, aunque confieso haberme sentido algo perplejo ante ellas. No tengo ninguna duda de la suposición, o de la certeza, que las fundamenta: la vinculación orgánica de Batasuna y ETA. La misma suposición, o certeza, que poseen los partidos políticos que componen nuestro Gobierno. Lo que no obsta para que el auto del señor Garzón pueda adolecer de falta de garantías jurídicas que lo hagan susceptible de crítica y hasta de ser recurrido. Faltaría más. No obstante, queda en pie lo fundamental, y esas posibles incorrecciones no pueden servir de excusa para darle la vuelta, es decir, para convertir a los verdugos en víctimas. Es cuestión de actitudes, y las verdaderas víctimas de este drama interminable hubieran deseado que su Gobierno hubiera mostrado con ellas los mismos escrúpulos que ahora manifiesta con sus verdugos. Loables escrúpulos que con otra actitud, más firme contra el mundo del terror, le hubieran llevado a optar por vías más discretas de corrección en lugar de haber buscado esta escenificación del desastre.

Y el nombre de esa actitud no es otro que el de colaboración en el desmantelamiento del mundo del terror, una vez comprobado que éste no va a diluirse por sí mismo. Colaboración clara que sirva también para evitar determinadas imposturas antes de que se hagan manifiestas. Algo a lo que los dirigentes de ELA tampoco parecen dispuestos cuando critican al Gobierno vasco por 'la prevalencia absoluta de principios como el cumplimiento de la legalidad vigente y la renuncia a iniciativas que la cuestionen'(¡!). En consejos de esa naturaleza reside el cáncer de fondo de este país, en esa gangrena contra el Estado desde el Estado. Y actitudes de esa índole ya no pueden ser consideradas inocentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de septiembre de 2002