Nuevo conflicto

Nueve meses después de haber completado la descentralización de la organización sanitaria, con la transferencia de las competencias que ejercía el Insalud a las comunidades autónomas que aún no las tenían, la nueva ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha encendido una hoguera política que puede derivar en incendio. Entre las medidas que se propone aplicar en los 18 meses que le quedan de mandato figura un incremento de prestaciones en materia de asistencia buco-dental, salud mental y fecundación asistida, entre otras. En principio, que un gobierno prometa a los ciudadanos una mejora tan sustancial de las prestaciones sanitarias debería ser motivo de celebración. De hecho, las carencias que la sanidad pública tiene en estos tres ámbitos son clamorosas y sería justo que finalmente se planteara cubrirlas e incluirlas, hasta donde fuera económicamente viable, en el catálogo de prestaciones gratuitas.

Pero el anuncio que hizo la ministra contenía una burda trampa política que explica el fulminante rechazo cosechado entre quienes tienen que aplicarla, que son las comunidades autónomas. Porque la ministra anunció nuevas prestaciones sin ofrecer al mismo tiempo los recursos económicos necesarios para financiarlas. Es sabido que los actuales presupuestos sanitarios ni siquiera cubren correctamente las prestaciones que ya están garantizadas y que las comunidades autónomas no saben siquiera cómo podrán afrontar en los próximos meses el aumento del déficit de la factura farmacéutica, que se ha vuelto a disparar. Así las cosas, si no ofrece financiación adicional para cubrir las nuevas prestaciones, la ministra debería decir qué otras se dejan para asumir las que promete. Y en todo caso, el Gobierno del PP debería explicar por qué anuncia ahora unas mejoras que no introdujo durante los seis años que ejerció competencias sanitarias a través del Insalud en casi la mitad del territorio nacional.

Más allá de la demagogia electoral que pueda alentar un anuncio de este tipo, lo que está en cuestión es el modelo de relaciones entre la Administración central y las comunidades autónomas en uno de los pilares esenciales del Estado de bienestar. El Gobierno del PP culminó el proceso de transferencias sanitarias sin consensuar previamente con las autonomías el nuevo marco de decisión política y sin determinar con claridad qué órganos de coordinación se van a crear, qué funciones va a tener el Consejo Interterritorial de Salud y cómo se van a dirimir los posibles conflictos. Muchas de las comunidades que en enero asumieron las competencias sanitarias se sintieron víctimas de un chantaje político cuando el Gobierno les conminó a aceptar las transferencias si no querían verse excluidas del nuevo modelo de financiación.

Este modelo ha cambiado, por otra parte, el marco jurídico de referencia. Ahora, el Ministerio de Sanidad ya no controla un presupuesto que debe transferir a las correspondientes autonomías. En la medida en que tiene repercusiones económicas evidentes y constituye la clave de las competencias, el catálogo básico de prestaciones sanitarias no puede ser establecido de forma unilateral por el poder central y, además, sin prever su financiación.