Pulso en Euskadi

La policía vasca cargó ayer en Bilbao contra la manifestación que la Consejería de Interior había autorizado en principio, y que el juez Garzón había declarado ilegal; más tarde, la Ertzaintza negoció con dirigentes de Batasuna un acuerdo por el que se autorizaba adelantar el acto político previsto para el final de la marcha a cambio de dar ésta por finalizada. Los incidentes fueron graves, y numerosa la participación. Su desenlace refleja la situación confusa creada por las actitudes poco claras del Gobierno vasco, pero también las dificultades objetivas de la aplicación del auto de Garzón. Y refleja, sobre todo, el dilema al que se enfrenta el nacionalismo democrático vasco, empujado por el violento hacia la ruptura con la legalidad.

El consejero vasco de Interior había justificado la tolerancia con que actuó la Ertzaintza el pasado domingo en San Sebastián por la excepcionalidad del día -regatas, mucha gente en las calles- y por el deseo de evitar 'males mayores'. En principio, es a los profesionales de la policía a quienes corresponde apreciar los riesgos de una determinada actuación, por lo que puede aceptarse el criterio seguido, siempre que se considere excepcional. Sin embargo, las posteriores justificaciones de la propia consejería y, sobre todo, del lehendakari crearon una confusión considerable. El criterio de condicionar la aplicación de la ley al de no provocar crispación (se supone que en los simpatizantes de Batasuna) o al de evitar 'rompernos la cara' (se entiende: entre nacionalistas) es no ya predemocrático, sino prepolítico: los gobernantes tienen la obligación de defender la legalidad, si es preciso mediante la fuerza legítima.

También hay una cierta confusión respecto a quién es competente para considerar delictiva una manifestación. Si es convocada por Batasuna, o sucedáneos, entra en el ámbito del juez instructor, y a él le corresponde declararla ilegal. Pero puede haber situaciones en las que la ilegalidad no dependa de los convocantes, sino de la razonable previsión de que los asistentes van a alterar el orden público, causar destrozos o incurrir en apología del terrorismo. En este caso, la decisión corresponde a las autoridades, con posible recurso al juez. Conviene deslindar claramente ambos supuestos para evitar situaciones como la que ha precedido a la marcha de ayer, en la que no se sabía si el Gobierno vasco la prohibía o no.

Pero hay otros factores más determinantes. Desde la suspensión cautelar de Batasuna, ETA ha intentado asesinar a una patrulla de la Ertzaintza en Bilbao y a no se sabe cuántas personas más en Zierbana. Aunque el azar lo haya evitado, está claro que, si de ETA dependiera, la actual discusión sobre la eventual ilegalización de Batasuna o sobre la prohibición de manifestaciones se estaría produciendo entre funerales.

Los diputados de Batasuna votaron el viernes contra la presentación por el Parlamento vasco de un recurso contra la ley que permitiría su propia ilegalización. En la propuesta se incluía, a petición de Izquierda Unida, la exigencia a ETA de que abandonase la violencia. Al oponerse a una iniciativa en su favor, Batasuna actuaba más en la línea de brazo político de ETA que nunca: se limitaba a aplicar la doctrina expresada por la banda en el comunicado en que se hacía responsable del atentado de Santa Pola: 'El asunto', advertía el escrito, 'no es cuándo se va a aplicar [la ley] o con qué inteligencia va a responder la izquierda aberzale, sino la respuesta que es preciso dar en Euskal Herria para dejar sin fuerza esa situación injusta y opresora'. Para ETA no se trata de defender la legitimidad de un partido, sino la de la lucha armada; o, al menos, la de un partido que acepta la legitimidad de la lucha armada; de imponer esa legitimidad por vía de hecho, ignorando la ley.

Otegi exigió a los nacionalistas 'insumisión' frente a la ley española, tras acusarles de ser quienes 'aplican el estado de excepción'. Es una referencia a la expresión utilizada por Arzalluz el día 6 para definir la situación creada por la suspensión de Batasuna. Un día después, un colectivo de decenas de personas, relacionadas en su mayoría con el mundo de la izquierda aberzale, convocaba la manifestación de ayer en protesta por el 'estado de excepción encubierto'. El día 9 Otegi ya había recordado al PNV que el soberanismo exige 'poner en riesgo' la autonomía de Euskadi, repitiendo la idea adelantada poco antes por el sindicato nacionalista ELA: 'Un proceso soberanista no puede avanzar sin confrontar con el Estado y asumir, por tanto, la pérdida del estatus institucional'.

El nacionalismo vasco democrático está siendo empujado a romper con las instituciones y la legalidad. La actuación de ayer de la Ertzaintza indica que el Gobierno vasco se resiste a ello, asumiendo riesgos. Éstos serían menores si el discurso de los dirigentes nacionalistas fuera coherente con esa defensa de la legalidad.