La acusación particular pide hasta 6 años de cárcel para los gestores del Segura

Los colectivos personados como acusación particular en el proceso abierto en un juzgado de Orihuela por la contaminación del río Segura pedirán la pena máxima, de hasta seis años de cárcel, para los cuatro altos cargos de la Confederación Hidrográfica que han sido imputados por un delito contra el medio ambiente. Así lo afirmó ayer a este periódico el abogado de Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Antonio Bas, quien precisó que las sanciones que solicitarán serán 'especialmente duras' en el caso de las empresas que han vertido directamente en el paraje de El Hondo.

Los cuatro gestores de la Confederación imputados por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Orihuela podrían enfrentarse a las penas máximas (seis años de prisión) que contempla la ley por un delito contra el medio ambiente (tipificado en el artículo 325 del Código Penal). 'Vamos a ser especialmente duros al exigir las sanciones a aquellas empresas que hayan derivado sus vertidos a El Hondo, ya que se trata de un paraje natural, catalogado como zona de especial protección por la nidificación de aves, e incluido dentro de los Lugares de Interés Comunitario', señaló el abogado Antonio Bas.

El paraje de El Hondo se nutre del agua que se concentra en la cuenca del río Segura a través del canal de riego de levante, que recoge el agua que transportan las acequias y azarbes de la comarca de la Vega Baja y la traslada posteriormente a El Hondo.

La apreciación de la magistrada respecto a la situación permanente de vertidos tóxicos que soporta el cauce del Segura es, para la acusación, una evidencia de los perjuicios provocados en este ecosistema natural.

La empresa Ahumados Torá, cuyos vertidos desembocaban directamente en el paraje natural, también podría lidiar contra la pena máxima en el juicio que se abrirá en los juzgados de Orihuela. 'Esta industria vertía sus residuos en la acequia mayor de Callosa que deriva sus aguas a El Hondo. Por eso, reclamaremos una calificación más firme', explicó Antonio Bas.

Los colectivos implicados en este proceso se reunieron ayer por la tarde para abordar la estrategia judicial que adoptarán y las penas que reclamarán en cada caso. Los colectivos que ejercen la acusación particular reclamarán penas de entre seis meses y dos años para los empresarios imputados por la comisión de un delito ecológico.

La magistrada Francesca Martínez, que abrió de oficio el proceso en mayo de 2001, dictó la apertura del juicio por la contaminación del río Segura el pasado 6 de septiembre, e imputó al actual presidente de la Confederación, Juan Cánovas; al comisario de Aguas, José Alemán, y a sus dos respectivos antecesores, Antonio Nieto y Luis Pérez, junto a los representantes legales de once empresas de la Vega Baja.