Confebask alega que los datos de las ayudas fiscales son reservados

La patronal vasca, Confebask, considera información fiscal 'confidencial' los datos de las empresas que se acogieron a la minivacaciones fiscales y al crédito del 45% para las inversiones de más de 2.500 millones de pesetas. En consecuencia, respalda la negativa de las tres diputaciones a facilitar a la Comisión Europea los nombres de todas aquellas sociedades que se acogieron a las ayudas declaradas ilegales por Bruselas. Los empresarios afectados, unos 150, trasladaron ayer su inquietud a las haciendas vascas por el últimátum dado por la Comisión al Gobierno vasco para que presente la lista de los beneficiados. En caso contrario, el Ejecutivo europeo asegura que la reclamará en el Tribunal de Luxemburgo.

Fuentes del Gobierno vasco aseguraron que la misiva de Bruselas es un mero trámite administrativo que no afecta a la negociación sobre estos incentivos fiscales que se ha abierto entre las administraciones vascas y la Comisión Europea. La carta del Departamento de Ayudas de Estado, según publicó ayer El Correo, recuerda que el Ejecutivo comunitario ha pedido hasta tres veces la lista de las empresas que se acogieron a dichos incentivos fiscales a la inversión. La no entrega del listado se ha considerado siempre un elemento clave de la negociación con Bruselas.

Estas ayudas fueron consideradas ilegales en julio del pasado año por la Comisión, que reclamó información de las empresas beneficiadas y aseguró que si la lista no se entregaba la reclamaría por vía judicial. Tanto Confebask como las Administraciones vascas recurrieron la decisión ante el Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo.

El pasado lunes se reunieron en Bruselas la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y el comisario de Competencia, Mario Monti. Tras el encuentro se comunicó un principio de acuerdo para negociar una salida para las empresas acogidas a estos incentivos. El anuncio de este compromiso, que prácticamente se cerró en julio por técnicos de las cuatro haciendas, causó malestar en las diputaciones, que tras haber participado en su gestación no fueron avisadas de que iba a anunciarse. Desde el Gobierno se aseguró ayer que hubo un contacto con las tres diputaciones para trasladarles lo que hablaron Zenarruzabeitia y Monti, pero fuentes de las diputaciones negaron tal comunicación.

La única hacienda que ha manifestado publicamente su discrepancia ha sido la de Álava, en manos del Partido Popular; las otras dos, gobernadas por el PNV, no han hecho declaraciones oficiales. La divulgación del ultimátum de Bruselas habría sido, según las mismas fuentes, una reacción de las diputaciones al intento del Gobierno de protagonizar en exclusiva la negociación.

Inquietud empresarial

La anulación, el pasado año, de los incentivos fiscales por la Comisión Europea generó preocupación e inseguridad entre las empresas beneficiadas. El análisis del expediente comunitario realizado por Confebask tranquilizó a las que se habían acogido a las ayudas a la inversión. La patronal mantiene que se debe preservar en todo momento la confidencialidad de los datos fiscales de los contribuyentes, una opinión respaldada por las tres diputaciones. Considera también que las empresas no pueden ni deben ser los paganos de la decisión de la Comisión, ya que ellas se acogieron de buena fe a unas normas forales en vigor. Y por tanto, que no se les puede obligar a devolver las cantidades que se han ahorrado en impuestos, ya que la inversión la hicieron en esas condiciones.

Confebask sostiene también mantienen que, pese a lo que se ha dicho, el conjunto de las ayudas en mucho casos no sobrepasa el 25% de la inversión global, límite autorizado por la normativa comunitaria. En todo caso, su posición la está defendiendo junto a las diputaciones en el recurso presentado ante el Tribunal en Luxemburgo. Pese a la polémica creada con la divulgación de la carta, desde la diputación de Álava se asegura que se mantendrá una postura coordinada con las otras dos haciendas, como hasta ahora.

150 acogidas

Según datos oficiosos de las diputaciones vascas de enero de 2000, alrededor de 75 empresas se acogieron a las vacaciones fiscales, que se aplicaron por vez primera en 1996 y suponían una rebaja en el Impuesto de Sociedades para las empresas de nueva creación de un 99% en su primer año de beneficios, un 75% en el segundo, un 50% en el tercero y un 25% en el cuarto. Al crédito fiscal del 45% para inversiones de más de 2.500 millones de pesetas se acogieron 73 empresas hasta esa fecha. Posteriormente, la Diputación de Vizcaya lo concedió a otras 19 empresas que lo habían solicitado antes de su derogación. Buena parte de ellas (Bahía Bizkaia Gas, Bahía Bizkaia Electricidad o Euskaltel, entre otras) renunciaron luego a este incentivo al ser objeto de conflicto entre administraciones, estar investigado por la UE y haber sido derogado.