Oportunidad perdida

Un problema transversal y lacerante como el de la violencia doméstica, que no pasa una semana sin cobrarse una nueva vida, debería ser objeto de un tratamiento político alejado de intereses partidistas a corto plazo. El Partido Popular se quedó solo el martes en el Congreso de los Diputados en la votación de una propuesta de ley integral contra la violencia doméstica presentada por el grupo socialista y que contó con los votos de todos los demás grupos de la Cámara. La proposición no prosperó, pero la votación -165 votos en contra, 151 a favor- está lejos de suponer una victoria política del partido en el Gobierno.

Las legislaturas de mayoría absoluta son pródigas en desplantes del grupo mayoritario, pero, en este caso, el vacío total en el banco azul reservado al Gobierno y los argumentos con los que se rechazó la propuesta socialista indican que para el PP era más importante en ese momento derrotar al principal partido de la oposición, que se le había adelantado en una materia socialmente muy sensible, que sentar las bases de una nueva política contra la violencia doméstica, y hacerlo además en colaboración con todos los grupos de la Cámara. Es decir, de tratar el problema como una cuestión de Estado, como se le ha reclamado desde distintos frentes políticos y sociales y desde instituciones como la del Defensor del Pueblo, alarmados por la magnitud que está adquiriendo el fenómeno: desde enero de 1998, la violencia doméstica se ha cobrado 153 víctimas.

El PP descalificó como 'improvisada' la propuesta socialista, obviando que había sido presentada en diciembre pasado, y trató de eclipsar el previsible protagonismo de su principal rival político anunciando por la mañana una serie de medidas para ayudar a las mujeres maltratadas. Las medidas anunciadas por el PP son no sólo necesarias, sino urgentes y van de hecho en la línea de lo que también proponía el PSOE en su iniciativa parlamentaria. Pero se quedan cortas en algunos aspectos y, en cualquier caso, su aplicación no tendrá la fuerza de una ley, sino que quedará al albur de la voluntad política del Gobierno de turno. Habiendo tan poca diferencia en el planteamiento inicial de las medidas anunciadas y lo que plantea el primer partido de la oposición, sorprende que el Gobierno se enrocara en una actitud tan intransigente, cuando hubiera podido subirse fácilmente al carro de una iniciativa que llegaba a la Cámara arropada por un amplio consenso social.

Si realmente el PP se propone abordar este problema, ha perdido una excelente oportunidad de hacerlo y de demostrar, al mismo tiempo, grandeza de miras. Porque algo habrá de positivo alguna vez en las iniciativas políticas del adversario. Si, como declararon sus portavoces en el Congreso, el PP estaba dispuesto a iniciar la redacción conjunta de una nueva ley siempre que los socialistas retiraran la suya, ¿por qué no partir del texto socialista y negociar en la tramitación parlamentaria las modificaciones que estimara oportunas? Está claro que la cuestión planteada en el Congreso de los Diputados no era para el PP la violencia doméstica, sino demostrar quién manda en esa casa.