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Argentina autoriza la devolución parcial de los depósitos a plazo

La medida beneficia al 65% de los ahorradores argentinos

El Gobierno argentino decidió ayer suavizar el llamado corralón bancario, que mantiene congelados los depósitos a plazo en los bancos, y anunció que permitirá la devolución de hasta 7.000 pesos a cada titular de uno de dichos depósitos. Los beneficiados por la medida son 1,3 millones de ahorradores, el 65% del total. El Ministerio de Economía resolvió lanzar un nuevo programa de canje de los depósitos que continuarán atrapados por bonos con respaldo patrimonial de los bancos que operan en el país.

Los ahorradores con depósitos superiores a los 7.000 pesos podrán optar nuevamente por bonos con garantías del Estado y de los bancos, en pesos o en dólares, a 10 años de plazo. Los intereses se pagarán cada seis meses y el capital se amortizará en cuotas anuales del 12,5% desde abril de 2006.

La apertura limitada del llamado corralón, donde se encuentran congelados los depósitos a plazo, podría beneficiar como máximo a 1,35 millones de ahorradores, el 65% de los perjudicados. Supondría liberar unos 2.000 millones de pesos sobre 20.000 millones estimados a fines de julio. Las restricciones al retiro en cuotas semanales del corralito, donde se hallan cuentas de ahorro por 26.400 millones de pesos, se mantienen.

La Asociación de Bancos extranjeros y la de Bancos Públicos y Privados de Argentina coincidieron en el apoyo a las medidas anunciadas por el ministro Roberto Lavagna.

La decisión contempla también las demandas del Supremo, sometido a su vez a un trámite de juicio político iniciado en el Congreso, que el Ejecutivo quiere ahora dar por terminado.

Los títulos de deuda en dólares por los que pueden optar "voluntariamente" los ahorradores con depósitos superiores a 7.000 pesos, amplían el plazo de devolución a 10 años pero respetan la moneda original. La Corte Suprema podría interpretar así, como ya lo hizo con el Plan Bonex aplicado a comienzos de 1990, que la emergencia económica declarada justifica la excepción y no afecta al derecho a la propiedad.

El plan de apertura gradual del corralón, mientras se mantienen las mismas restricciones al retiro de fondos del llamado corralito (para cuentas a la vista, corrientes y de ahorro) fue consultado con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se reunió en Londres con representantes de acreedores de Italia y Alemania que tienen títulos de deuda por casi 30.000 millones de dólares, a quienes les pidió que posterguen las demandas en los tribunales porque "probablemente el Gobierno argentino estará en condiciones de discutir nuevas condiciones de pago el próximo noviembre".

Nielsen se entrevistó ayer en Nueva York con funcionarios de la Reserva Federal y hoy viajará a Washington para ver al presidente del Banco Central de Argentina, Aldo Pignanelli. Ambos funcionarios se reunirán con Anoop Singh, máximo responsable del caso argentino en el FMI.

Indemnización por YPF

Las deudas del Estado argentino se vieron ayer agravadas al conocerse que deberá indemnizar a unos 20.000 ex empleados de la antigua petrolera estatal YPF que fueron excluidos de los beneficios de la privatización. El Senado argentino aprobó anoche una ley que forzará esa indemnización que, de acuerdo con los legisladores, supondrá unos 11.111 dólares (11.383 euros) por cada ex trabajador, es decir, unos 222 millones de euros en total. Éstos fueron despedidos poco antes de que la empresa pasara a manos de Repsol, por lo que se vieron privados del plan que otorgó a los empleados el 10% del capital social.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de septiembre de 2002