Curso sin recursos

Con el inicio del curso escolar 2002-2003, a lo largo de esta semana se incorporarán al sistema educativo no universitario más de seis millones y medio de alumnos. La sola mención de esta cifra, que implica a la mayoría de las familias españolas, demuestra la importancia de los problemas educativos, incrementada en nuestros días por el valor estratégico, en términos económicos y de bienestar, de todo cuanto está relacionado con la adquisición y generación de conocimiento. Con toda seguridad este curso estará marcado por la discusión parlamentaria y eventual aprobación de la Ley de Calidad de la Enseñanza, una norma que ya ha suscitado un intenso debate en la sociedad y en la comunidad educativa.

El Gobierno no tuvo inconveniente el curso pasado en desacreditar la escuela pública, sus logros, el trabajo de sus profesores y las mejoras conseguidas, en una táctica imprudente para resaltar lo acertado de sus propuestas y enfatizar los defectos de la situación heredada de los Gobiernos anteriores. Pero, aunque ningún experto niega la necesidad de introducir cambios en la LOGSE debido a la experiencia acumulada en su aplicación y a los cambios acaecidos en la sociedad desde su promulgación, todos los estudios cuantitativos, incluido uno sobre el fracaso escolar dado a conocer estos días, indican que se han producido progresos y que la situación no es peor que la existente antes de la entrada en vigor de dicha ley. Por el contrario, el sistema educativo está haciendo frente con dignidad a problemas nuevos como la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años o la coexistencia en las aulas de niños y jóvenes provenientes de ambientes sociales, culturales y lingüísticos muy distintos. De hecho, la Ley de Calidad no altera el esquema básico de la LOGSE, indiscutiblemente necesitada de retoques; la modifica en algunos de los puntos necesitados de reflexión y ajuste, aunque con soluciones más que discutibles.

No se preocupó el Gobierno, por el contrario, de analizar y resolver algunas de las carencias más evidentes de nuestro sistema educativo, si se compara con la situación existente y las iniciativas tomadas en muchos países europeos. Faltan recursos suficientes y los profesores carecen del apoyo necesario para afrontar unas crecientes exigencias sociales de todo tipo, empezando por la delegación masiva de responsabilidades familiares en la escuela y el cambio en la composición sociológica del alumnado. Así, tenemos un proyecto de ley que afectará a millones de escolares y que habrá de resolver un conjunto de deficiencias ampliamente difundidas, pero sin dotación económica.

A este respecto, el debate sobre la existencia de una memoria económica no puede ser más absurdo. El Ministerio de Educación ha propuesto medidas económicas, de eso no hay duda, en documentos que han llegado a la opinión pública. Pero las cifras manejadas eran impropias de la supuesta ambición reformadora que las inspiraba y su distribución no podía ser más injusta a favor de los centros privados. No se sabe si a causa de las protestas que esas cifras suscitaron, la ministra del ramo afirma ahora que no existe memoria económica, lo cual es tan grave o más que el hecho de que los materiales que sí existen sean del todo insuficientes. Por otra parte, se dice que, como la educación ha sido ya transferida a las comunidades autónomas, son éstas las que deben contribuir a la financiación de las medidas que se derivan de la nueva ley. Pero podría haberse dado cuenta el Gobierno de esta circunstancia en el momento de elaborar el anteproyecto y haber consensuado desde el principio una norma que otros han de financiar.

Sobre los puntos más conflictivos de la ley, como los 'itinerarios', que implican una pronta separación de los alumnos por rendimiento, asociado en la mayoría de los casos al ambiente familiar y socioeconómico en que viven, o el examen de reválida y la imbricación del fin de los estudios de secundaria con el ingreso en la Universidad, merecen, sin duda, que los diputados de todos los partidos extremen su celo en la discusión parlamentaria. Y al Gobierno, y al partido que lo sustenta, cabe exigirle la apertura a propuestas y modificaciones que parecen apuntar algunas de las intervenciones de la ministra.