Aprender para el futuro

Desde hace unas semanas es noticia en todos los medios de comunicación la situación creada con ocasión de la posibilidad de cierre de los centros Opening English School, que afectaría a miles de ciudadanos. Este caso ha puesto de manifiesto una situación de desprotección en un sector dedicado a la formación, cada vez más demandado por los ciudadanos y que factura, sólo en lo referido a la enseñanza de idiomas, alrededor de 450 millones de euros anuales y cuenta con unos novecientos mil alumnos en toda España.

La deficiente información, la falta de claridad en lo referente a la fórmula de pago de los servicios contratados, la existencia de posibles cláusulas abusivas, la utilización de técnicas agresivas de venta, el incumplimiento de los servicios ofertados o la utilización de publicidad engañosa, son algunas de las prácticas denunciadas por los usuarios y practicadas por algunas empresas que tratan de enriquecerse de manera fácil a costa de defraudar las expectativas y el anhelo de formación de un sector de la población, en su mayoría joven, y que requiere de un importante esfuerzo económico, personal o familiar, para llevarlo a cabo.

Pero una de las cuestiones que ha resultado más escandalosa para la opinión pública ha sido el hecho de que, a pesar de la suspensión de la actividad, los consumidores se hayan visto en el trance de tener que afrontar los recibos bancarios de un crédito suscrito para financiar la formación, resultando indiferente a las entidades de crédito el hecho de que el servicio para cuya financiación se suscribió, dejase de prestarse. Estos créditos bancarios eran ofrecidos muchas veces por las academias, a tenor de las denuncias que han llevado a cabo los afectados, con una notable falta de información o información sesgada y a través de prácticas claramente abusivas.

Frente a una ministra de Sanidad y Consumo que no sabe qué hacer ni cómo mejorar nuestro ordenamiento jurídico para evitar que estos casos vuelvan a repetirse, el Partido Socialista hemos presentado algunas medidas que mejorarán, si se aprueban, la protección de los consumidores.

La supresión del requisito de la exclusividad, recogido en el artículo 15.1 b) de la Ley de Crédito al Consumo; la obligatoriedad de entregar el documento con las condiciones y características del crédito a que se refiere el articulo 16 de la citada Ley; o la incorporación a la Disposición Adicional Primera de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, como cláusula abusiva la imposición de la obligación de pago adelantado al consumidor por suministro de bienes y prestación de servicios sin asegurar el cumplimiento de la obligación del empresario, son algunas de las medidas que contiene nuestra propuesta y que el Gobierno debe acometer si no quiere que vuelva a surgir otro caso en el futuro.

Pero los más de ochenta mil ciudadanos que se han visto afectados ante la posibilidad de cierre de Opening, requieren de una respuesta más contundente por parte de la ministra de Sanidad y Consumo que, ante la única propuesta que se le ha conocido (recomendar a los afectados que no pagaran los recibos bancarios), ha recibido el rechazo de las asociaciones de consumidores por la posibilidad de que el impago conlleve la ejecución de los créditos y la inclusión en el registro de morosos.

Ejemplo de lo contrario ha sido la impecable actuación de la Junta de Andalucía. Ante los más de seis mil afectados que existen en el territorio andaluz, ha puesto en marcha medidas como la puesta a disposición de los afectados de un servicio de asesoramiento jurídico y la denuncia ante el Banco de España de las entidades de crédito con las que se suscribieron los prestamos por un posible incumplimiento de la ley de Crédito al Consumo.

Los socialistas pedimos a la ministra de Sanidad y Consumo que ejerza sus funciones y se dé una solución rápida y eficaz a todos los afectados, que esperan con impaciencia que el Gobierno de nuestro país sea capaz de garantizar sus derechos como consumidores.

Isabel Pozuelo Meño es secretaria federal de consumidores y usuarios del PSOE y diputada por Sevilla.