Acuerdo razonable

El tiempo, como todo el mundo sabe, es decisivo en política. Los acuerdos no solamente tienen que ser buenos por su contenido, sino que deben ser alcanzados también en el momento oportuno. Cuando esto no ocurre, es la propia valoración del contenido la que se ve o puede verse afectada.

Me temo que algo de esto es lo que puede pasar con el acuerdo alcanzado por el ministro de Administraciones Públicas y el presidente de la Junta de Andalucía el pasado jueves. El acuerdo es completamente razonable en todos sus términos. Es razonable el plazo que se han dado para resolver los temas pendientes y es razonable desvincular la negociación sobre los traspasos de las competencias pendientes de la decisión que pueda adoptar el Gobierno de la nación de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación de la financiación de 1997.

El consejero de Turismo de la Junta no puede no ser solidario en un asunto de tanta transcendencia con el presidente que lo ha nombrado

Me interesa subrayar especialmente esto último, porque estoy en bastante desacuerdo con mucho de lo que se ha dicho antes y después del encuentro entre Javier Arenas y Manuel Chaves. Es obvio que la decisión del Gobierno de la nación de recurrir o no recurrir es políticamente muy significativa, pero desde el punto de vista de la relación institucional entre el Gobierno de la nación y el Gobierno andaluz debe ser irrelevante. Recurrir sería una 'mala señal', como dijo el presidente Chaves, pero no se puede hacer depender de esa decisión la negociación de los traspasos pendientes. Una sentencia no es firme mientras no es firme y, mientras no es firme, puede ser recurrida. Esa es una opción que está contemplada en el ordenamiento y el Gobierno de la nación está en su derecho a hacer uso de la misma, de la misma manera que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha estado en su derecho de interponer todos los recursos ante el Tribunal Constitucional que ha estimado pertinentes. Al Gobierno de la Junta de Andalucía es normal que no le guste la interposición de un recurso por el Gobierno ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de la misma manera que al Gobierno de la Nación no le han gustado los recursos de inconstitucionalidad que ha interpuesto el Gobierno andaluz. La interposición o no de recursos tiene que ser devinculada de la gestión de los asuntos públicos. Ese es un principio que tiene que ser respetado siempre y por todas las partes. Tanto si gusta como si no. O mejor dicho, tanto porque unas veces gusta como porque otras veces no gusta. La 'frustración alternativa y recíproca' que produce la interposición de recursos ante los tribunales de justicia es una de las características de todos los sitemas políticos democráticos dignos de tal nombre.

El acuerdo alcanzado es, pues, un acuerdo razonable. Cerrar los acuerdos sobre traspasos pendientes 'antes del uno de enero de 2003' es casi lo máximo que se podía pedir. No creo que nadie en su sano juicio pudiera esperar que en la misma reunión del jueves se cerraran los traspasos pendientes.

No se entiende, por eso, muy bien la crítica de Antonio Ortega, que calificó el encuentro entre Javier Arenas y Manuel Chaves de 'safari fotográfico compartido'. Al menos, por los dos siguientes motivos de naturaleza formal:

En primer lugar, porque el dirigente andalucista no debería olvidar que él es miembro del Gobierno de la Junta de Andalucía y que lo que se estaba discutiendo en el palacio de San Telmo era una cuestión propia de la gobernación de nuestra comunidad. En consecuencia, si está en desacuerdo con la manera de proceder del presidente Chaves, hasta el punto de hacer una valoración crítica e incluso despectiva de su gestión en ese asunto,como la que trasluce la expresión que he entrecomillado, debería presentar la dimisión como consejero y a continuación hacer pública dicha crítica. Un consejero no puede no ser solidario en un asunto de tanta transcendencia con el presidente que lo ha nombrado. Descalificar al presidente y mantenerse al frente de la consejería es un ejercicio de incoherencia. Y la incoherencia en política se paga. Por lo general, más pronto que tarde.

En segundo lugar, porque, como el propio consejero reconoce en el momento de hacer pública su descalificación del encuentro entre Javier Arenas y Manuel Chaves, la información que tenía sobre el mismo es muy limitada, ya que todavía no había sido informado por el presidente de la Junta de Andalucía del acuerdo alcanzado. ¿Puede considerarse aceptable que un consejero se pronuncie sobre un tema de tanta importancia en unos términos tan despectivos, insisto, sin esperar a tener la información pertinente? ¿A qué se está jugando?

Ahora bien, que el acuerdo alcanzado sea razonable, no quiere decir que su ejecución no vaya a plantear problemas. Ha sido demasiado el tiempo que se ha dejado transcurrir y es mucha la desconfianza acumulada entre las partes que tienen que gestionarlo. Aunque los dirigentes del PSOE están guardando un prudente silencio sobre el contenido de lo pactado el pasado jueves, es un secreto a voces que el crédito de Javier Arenas para los socialistas está bajo cero y que van a mirar, en consecuencia, con lupa el contenido de los decretos de traspasos de las competencias pendientes. Lo mismo ocurre en el PP con respecto a Manuel Chaves, de cuya lealtad institucional la dirección popular en Andalucía no tiene nada más que dudas. En un año tan electoralmente cargado como el que se avecina, ya veremos que ocurre. Mucha prudencia y autocontención van a hacer falta.