Someter a las mujeres a un régimen de refugiadas no es la solución

Desde que en 1978 la Junta de Andalucía pusiera en marcha las primeras actuaciones públicas para informar y ayudar a las mujeres con problemas de malos tratos (los Centros Asesores de la Mujer), y especialmente desde que en 1983 se creara en España el Instituto de la Mujer, la política dirigida a este grave problema ha mejorado considerablemente, tanto la legislación como los recursos, pero no ha variado en sus dos líneas básicas, animar a las mujeres a denunciar y esconderlas en centros de acogida.

La primera línea, promover la denuncia, ha sacado realmente a la luz muchas de las agresiones que antes permanecían ocultas, más de 24.000 en el año 2001, pero la mayoría de ellas, se resuelven en juicios de faltas con penas irrisorias. Las últimas campañas han seguido insistiendo en animar a la denuncia, lo cual puede ser peligroso, ya que aumenta el riesgo de sufrir una agresión, de hecho más del 90% de las muertes se producen cuando las mujeres han denunciado, o han iniciado un proceso de separación o divorcio.

Cuando una mujer denuncia ha dado un paso importante, por tanto es fundamental que a partir de ese momento se pongan en marcha los mecanismos necesarios para su seguridad que, por ahora, no se hace. Puede llegar a ser una irresponsabilidad que desde el Estado se anime a denunciar sin garantizar una mínima protección.

La segunda línea, crear centros de acogida para esconder a las mujeres y a sus hijos, sin duda, ha evitado algunas muertes, pero tiene también un efecto paradójico, mientras ellas tienen que estar escondidas, los maltratadores hacen su vida normal impunemente. Es el único delito en el que a la víctima se la esconde.

Es verdad que han habido avances que hay que valorar positivamente, está bien que se pongan en marcha planes y que se ayude económicamente a las mujeres y que se le ponga un dispositivo para avisar a la policía cuando sean agredidas, pero es hora de cambiar la estrategia. La violencia de género, es una realidad que, aun afectando a los derechos más fundamentales, todavía no se abordan con el compromiso que requiere un problema de esta gravedad. Es urgente y necesario intervenir con la aprobación de una ley específica que debería contar, por supuesto, con el consenso de todos los grupos políticos, no sería explicable que no lo hubiera en un tema como este.

Una ley específica se justifica, fundamentalmente, para combatir un grave problema social en el que está comprobado que la actuación de las instituciones no son suficientemente eficaces. En España, desde 1996 hasta mayo del 2002 fueron asesinadas entre 400 y 500 mujeres, otras muchas, no se sabe cuantas, sufren graves secuelas físicas y psicológicas. Todavía no se ha elaborado un programa estadístico fiable que recoja adecuadamente toda la información, existe por tanto disparidad de datos, dependiendo de quien los de.

Sabemos, igual que se ha dicho de la ley de partidos, que no será la panacea, lo que no quita que se puedan poner en marcha instrumentos legales más eficaces compaginando el ámbito civil y penal con medidas de protección de las víctimas y de sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con carácter de urgencia.

Está claro que para el Gobierno existen problemas que no pueden esperar y hay que elaborar leyes urgentemente, como la ley de partidos, o la ley de reforma laboral. La violencia contra las mujeres tampoco puede esperar, la solución no puede seguir siendo esconder a las mujeres, a esta altura ya no es admisible que en un Estado de derecho, una media de 6.000 personas al año (mujeres, niños y niñas), 3.668 sólo en Andalucía en el año 2001, se encuentren hasta tal punto desprotegidas y vulnerables que el propio Estado las someta a un régimen de refugiadas en su propio país.

Carmen Olmedo Checa es diputada del PSOE.