El Gobierno documenta 'con mil pruebas' que Batasuna es el brazo político de ETA

El Consejo de Ministros aprobó ayer la presentación de una demanda ante el Tribunal Supremo para ilegalizar Batasuna. La petición se basa en 'mil elementos de prueba que acreditan de manera fehaciente que Batasuna es la prolongación del terrorismo en la política', según el ministro de Justicia, José María Michavila. El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que 'con la ilegalización no se le gana la guerra al terrorismo, pero sí una importante batalla, que es acabar con la impunidad de sus cómplices', por lo que 'no hay lugar para ningún victimismo político'.

La demanda, aprobada ayer en la primera sesión del Consejo de Ministros del nuevo curso político, consiste, según explicó Michavila, en traducir en términos jurídicos lo que es 'una evidencia para la sociedad española y es que Batasuna utiliza los privilegios que tiene un partido para apoyar al terrorismo'. Esto es, como señaló Rajoy, que la demanda tiene como base política que 'la lucha contra ETA no lo es sólo contra los comandos, también lo es contra todo el aparato de apoyo, los que le dan respaldo, les proporcionan ayuda incondicional y se convierten en elementos indispensables para cometer los atentados'.

El texto se presentará el martes ante el Tribunal Supremo, el mismo día que la demanda de la Fiscalía. Michavila precisó que consta de un 'minucioso informe probatorio con cerca de mil elementos de prueba'. Figuran en él certificaciones expedidas por instituciones como ayuntamientos y parlamentos; gran número de actas notariales, certificaciones judiciales, cintas de vídeo, fotos digitales certificadas e informes de las fuerzas de seguridad del Estado.

La demanda, según el ministro de Justicia, se basa en fundamentos de hecho y de derecho, vertebrados en tres ejes: Demostración de que HB, EH y Batasuna constituyen un 'entramado político único' que 'a través de aportaciones documentales acredita que comparten objetivos, sedes, cargos, dirigentes y candidatos'.

El segundo eje establece que 'desde su fundación, este entramado ha constituido la prolongación del terrorismo en la política, utlizando las instituciones al servicio del terror'. Así, a través de múltiples pruebas la demanda acredita que las listas electorales han estado al servicio de ETA; que la financiación de Batasuna se ha utilizado para actividades terroristas y que el censo electoral, al que sólo tienen acceso los partidos, ha sido entregado a ETA para la extorsión y que sus sedes han sido utilizadas como depósito de armas y centros de captación para la banda.

El tercer eje de la demanda trata de acreditar que, a los dos meses de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, Batasuna 'ha manifestado de manera abrumadora que desea mantener la trayectoria que motivó su nacimiento, es decir, ha deseado seguir siendo la proyección del terrorismo en la política', según dijo Michavila. 'Se acredita que Batasuna ha vulnerado de manera grave y reiterada' la Ley de Partidos 'en innumerables ocasiones'.

La demanda precisa cómo Batasuna ha mantenido la doble militancia entre personas condenadas por terrorismo y personas que mantienen cargos en la dirección. Justicia añadió que dos de los siete parlamentarios de Batasuna -Arnaldo Otegi y Antton Morcillo- han sido condenados por terrorismo; uno está siendo investigado por su responsabilidad, en calidad de dirigente, de atentados de ETA, como Josu Ternera, y un cuarto, Jon Salaberria, está imputado. Según la demanda, Batasuna ha infringido el deber, que marca la Ley de Partidos, de expulsar a quienes, habiendo sido condenados por delito de terrorismo, no hayan repudiado públicamente los atentados terroristas.

Todos los supuestos

Momentos antes, el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, adelantó que Batasuna ha vulnerado 'todos los supuestos' previstos en la Ley de Partidos, en los sólo dos meses de su vigencia, con lo que se hace acreedora de la demanda de ilegalización. Dicha demanda, en cuyo informe previo participó activamente el PSOE, recoge con precisión los supuestos vulnerados.

Los fundamentos del derecho, que recogen la demanda, se centran en la legislación española, en el derecho comparado y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por su parte, Rajoy destacó la convergencia de 'todos los poderes del Estado' en la demanda de ilegalización: la Fiscalía, la Audiencia y el Gobierno. Confirmó que el Ejecutivo pedirá la inclusión de Batasuna en la lista europea de grupos terroristas en cuanto el Supremo la ilegalice.

También señaló, en alusión a las críticas de que la ilegalización de Batasuna aumente la crispación, que 'ETA no va a cometer más atrocidades de las que ya ha cometido' y que, en todo caso, la banda ya anunció, antes de iniciarse el proceso, que 'iba a seguir atentando'. Finalmente, constató la 'poca respuesta' de apoyo que Batasuna ha encontrado a la clausura de sus sedes.