El Gobierno acusa al Ejecutivo vasco de situarse fuera de la democracia tras descalificar a Garzón

El Gobierno sostuvo ayer que el Ejecutivo vasco se situa fuera del sistema democrático por declarar que la decisión del juez Baltasar Garzón de embargar a Batasuna responde a consignas de José María Aznar. El ministro portavoz, Pío Cabanillas, precisó que 'faltar al respeto a un auto judicial es situarse fuera del sistema democrático' y atribuyó esta actitud a que el Gobierno vasco 'hace cualquier cosa con tal de no encarar el principal problema vasco, el terrorismo'. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, mantuvo que los ataques a la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, el sábado, vulnera la Ley de Partidos.

El titular de Justicia, tras la reunión del Consejo de Ministros, insistió en que es 'intolerable en democracia' la acusación del Gobierno vasco al juez Garzón de actuar al dictado del Ejecutivo central 'sin aportar una sola prueba' de esa supuesta connivencia. El autor de dicha acusación fue el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna (EA), que calificó a Garzón de 'fiel brazo político' de Aznar.

Acebes, muy contundente, denunció al Gobierno vasco por no actuar en nombre de una institución representativa de todos los vascos y estar más preocupado por defender a Batasuna que a los concejales amenazados por el entorno de ETA. Y recordó como muestra la ausencia del lehendakari, Juan José Ibarretxe, de la concentración del jueves en San Sebastián en solidaridad con los ediles amenazados. Cabanillas volvió sobre la ausencia del lehendakari y la presentó como la prueba de que 'cada día más Ibarretxe y el PNV expresan su idea de qué es lo vasco y de quiénes son los vascos, de quiénes son sujetos de defensa y quiénes, quizás, no merezcan serlo'. 'Es especialmente preocupante partiendo de la base de que estamos hablando de alguien que debía ser el lehendakari de todos'.

Incoherencia del PNV

El ministro de Justicia también recordó la 'incoherencia' del PNV en el debate en el Congreso sobre la Ley de Partidos en el que defendió la vía penal de ilegalización de Batasuna para justificar su rechazo a la ley. 'Pues bien, a los pocos días, en la primera resolución que utiliza la vía penal, hacen una crítica tan dura y brutal', señaló Acebes.

El ministro, en referencia al auto del juez Garzón, admitió que le faltan muchos trámites para lograr una ilegalización de Batasuna por parte de los tribunales, pero subrayó que su afirmación de que Batasuna es una parte de ETA 'tiene consecuencias en muchos ámbitos'. Acebes precisó que se tendrá en cuenta en la instrucción de la ilegalización de Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos, como elemento clave que explica la trayectoria del brazo político de ETA.

También declaró que el Gobierno está teniendo en cuenta la campaña de Batasuna de acoso a los concejales no nacionalistas, desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos el pasado sábado, como argumentos para la ilegalización de ese partido. Lo ilustró con un hecho como el ataque con piedras y huevos sufrido por la alcaldesa socialista de Lasarte, Ana Urchueguía, el pasado sábado, que le impidió presidir la tamborrada en su localidad mientras los dos concejales de Batasuna eran vitoreados por el público. Para el ministro, podría ser la primera prueba formal de vulneración de Batasuna de la Ley de Partidos.

Acebes recordó el artículo 9.2 de la Ley de Partidos, que recoge como causa de ilegalización 'las actividades desarrolladas por un partido político legal de acoso, de insulto, de agresión, de exclusión de los concejales y alcaldes democráticamente elegidos, y cuando en su actuación, representando al pueblo son agredidos, insultados y excluidos y se les impide llevar a cabo la actividad para la que han sido elegidos' con la creación de 'un clima de terror en la población'.

No obstante, el ministro precisó que para instar a la ilegalización de Batasuna es necesario que se repitan hechos similares e incluso que este partido vulnere otros supuestos de la ley.