Cada cual en su sitio

La fecha de ayer se recordará por la coincidencia en un mismo día de la votación del Congreso en favor de iniciar los trámites para la ilegalización judicial de Batasuna, por una parte, y la suspensión, por otra, de esa fuerza política por un plazo de tres años, decidida por el juez Garzón como culminación (por ahora) de la investigación sobre las vinculaciones entre ETA y su entorno. Se trata del desenlace de iniciativas diversas pero convergentes en su designio de acabar con una situación que no puede considerarse normal: que sea legal un partido tras el que están las pistolas de ETA.

Pues de eso se trata en primer lugar. El auto de Garzón ofrece datos -algunos muy espectaculares- que probarían la existencia de una vinculación orgánica de dependencia del brazo político respecto a la 'vanguardia armada'. Que así se reconozca sin disimulos en algunos de los documentos que figuran en el auto indica hasta qué punto tenían interiorizada la conciencia de impunidad. Las actas de reuniones de la KAS dejan pocas dudas respecto a la naturaleza de la relación. Las cosas son como parecían a simple vista, y como proclamaban dirigentes de la entonces coalición Herri Batasuna ('votar HB es votar a ETA').

Que ésa sea la relación no puede ser un factor secundario en el debate sobre la ilegalización. Si Batasuna es un instrumento de ETA, no puede ser legal, con independencia de si su ilegalización es oportuna o no, resulte ser la panacea o un elemento poco influyente. Ése fue ayer el eje de la defensa de su iniciativa por parte de PP y PSOE. No se trata de ilegalizar ideas, sino conductas de apoyo a la coacción terrorista. En España puede haber partidos republicanos, y también independentistas, pero no partidos que contribuyan a multiplicar los efectos intimidatorios de la violencia terrorista.

No será la panacea, argumentaron los portavoces de PP y PSOE, pero sí una condición para derrotar a ETA. Entre otras cosas, porque nada resultaría tan desmoralizador para los ciudadanos y tan debilitador de la democracia y el Estado de derecho como admitir que Batasuna forma parte de ETA y mantenerla en la legalidad. El argumento más perverso fue el de quienes intentaron contraponer a la legitimidad de la mayoría de las Cortes la de la mayoría nacionalista en el Parlamento vasco. De los 19 diputados vascos elegidos en las últimas generales, 11 votaron ayer a favor y 8 (todos nacionalistas) en contra. Negar legitimidad a esos diputados para representar a los vascos en un asunto que afecta a todos los españoles es ignorar la lógica del Estado autonómico. Y no se puede atribuir esa proporción a que HB no se presentó a las elecciones de 2000, porque es idéntica a la que había en la anterior legislatura.

La acusación de que el objetivo de la ilegalización es modificar el mapa político vasco tras el fracaso de PP-PSOE en las autonómicas, ¿significa que los 600.000 electores de PNV-EA votaron en favor de considerar legal la 'intimidación generalizada' de que habla el preámbulo de la proposición aprobada ayer? Es el entramado ETA-Batasuna el que trata de modificar el mapa político mediante la persecución y el asesinato de quienes no comparten su fe. Por eso resulta tan ofensivo oponerse a la ley en nombre de la libertad de expresión y el pluralismo. No es cierto que la ley pueda servir para ilegalizar un día al nacionalismo democrático. Al revés, la nueva ley precisa la anterior, de 1976, en el sentido de establecer de manera tasada las conductas -no las ideas o programas- no penales por las que un partido podría ser declarado ilegal.

Pese a las divergencias, la obvia unanimidad contra ETA se proyectó ayer también contra Batasuna. Llamazares habló de actitud 'fascista', y su abstención, tras haber votado contra la ley, puede considerarse un acercamiento a la mayoría que tal vez las evidencias del auto de Garzón permitan proseguir. El argumento de que callar ante un atentado 'es una cobardía pero no un delito' más bien avala la doble vía, penal y jurídico-política; pues no se trata de meter en la cárcel a los dirigentes, sino de sacar de la legalidad democrática a un partido que, por ejemplo, asume y prolonga las amenazas del último comunicado de ETA.

Xavier Trias fue más convincente al defender la trayectoria de CiU (respaldando siempre al partido gobernante frente al terrorismo, cosa que, recordó, no todos pueden decir) que al explicar su abstención de ayer. No es el momento de discutir si fue o no un acierto admitir la intervención del Parlamento en el proceso, sino de aplicar la norma. Ampararse en esa divergencia para diferenciarse de la mayoría es incongruente, sobre todo tras afirmar la disposición a respaldar la ilegalización si se demuestra que Batasuna apoya el terrorismo. CiU sabe que el aval de un partido como el suyo es decisivo para la legitimación política del difícil proceso que ahora se inicia. Para culminarlo, será decisivo que el Gobierno vasco, tal y como ha prometido Ibarretxe, aplique la ley en relación al auto de Garzón.