"LA MUERTE ES UNA CUESTIÓN DE SUERTE"

Diego Peralta era fanático de Boca Juniors y de Los Piojos. Uno de los temas clásicos de la popular banda rockera es Pistolas, que denuncia la violencia e inseguridad en Argentina: 'Pistolas que se disparan solas. Caídos, todos desconocidos. Bastones, que pegan sin razones. La muerte es una cuestión de suerte'. ¡Cuántas veces habría escuchado esa letra hasta el maldito 5 de julio! Aquella mañana, la suerte le fue esquiva a Diego. Desapareció secuestrado a escasos metros de su casa, y 40 días después el cadáver apareció acuchillado flotando en el agua. Los asesinos exigían 200.000 dólares (206.000 euros) de rescate, pero la familia sólo pudo reunir 4.500 tras mucho esfuerzo y con la ayuda de los vecinos. Ocurrió en El Jagüel, una barriada pobre del primer cinturón de Buenos Aires. El secuestro, en distintas formas de extorsión, ocupa un lugar destacado en la lista de los delitos más frecuentes.

Coches que no arrancan, oficinas mugrientas y comisarías donde se amontonan hasta 7.000 presos

Ingresos suplementarios permiten a los policías corruptos vivir muy por encima de sus posibilidades

En la puerta del dormitorio de Diego hay un adhesivo con una caricatura del gato Silvestre y el aviso: 'Enano creciendo'. Apenas tenía 17 años. La familia, los amigos y las autoridades no entienden ni la muerte ni el ensañamiento de los asesinos. Vestían uniforme policial, aseguran los escasos testigos. Emilse Peralta, la madre, pide justicia, sin aspavientos, a la espera del resultado de la investigación. 'Yo sospecho de todo mientras no tengamos pruebas. Pero no tenemos pruebas y no podemos acusar. El día que lo sepa lo voy a gritar. No me voy a callar nada'. Para la mujer, 'justicia es pena de muerte para quien viole a un chico, quien asesine como asesinaron a Diego. No me conformo con la cadena perpetua'.

La madre apela a 'la máxima autoridad', pero la autoridad no tiene respuestas. Juan Pablo Cafiero, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desde hace dos meses, confiesa que tenía esperanzas de encontrar a Diego vivo: 'Fue una gran frustración'. El vecindario no aguardó respuestas ni pruebas para emitir su propio veredicto la misma noche del macabro hallazgo. La comisaría de El Jagüel fue apedreada y parcialmente incendiada por quienes sospechan que, por acción u omisión, la policía de la provincia de Buenos Aires está implicada en el crimen. En un principio, la familia confiaba en la actuación policial para descubrir el paradero de Diego, pero después las cosas se torcieron cuando el día 18 cayó detenido el jefe de la Brigada, José Hernández, quien dirigía la investigación. Está acusado de extorsionar al dueño de un supermercado. Luis Peralta, el padre, explica que, después de la detención del policía, los secuestradores de Diego acentuaron la presión: 'Me decían que vendiera todo lo que tenía. Creo que se equivocaron al pedirme 200.000 dólares. En el barrio no hay nadie que pueda tener este dinero'.

El aumento incesante de la pobreza, la deserción escolar, el abandono de los chicos de la calle y la violencia familiar constituyen una fábrica permanente de delincuentes, 'la única que funciona a pleno rendimiento en Argentina', según el comisario inspector Edgardo Mastandrea, expulsado del cuerpo en 1993 por el entonces gobernador Eduardo Duhalde. Abogado y experto en seguridad urbana, Mastandrea ha sido desde el establecimiento de la democracia un crítico feroz de la corrupción y de 'la falta de política de seguridad en la provincia de Buenos Aires'. Tras el fin de la dictadura, criticaba aquella frase tan recurrente de los dirigentes políticos -'ésta fue la policía que heredamos'- para justificar la inoperancia.

Al analizar la relación pobreza-delincuencia, el comisario apunta una conjetura inquietante: 'Si a partir de los 19 millones de pobres que hay, según las estadísticas oficiales, un 53%, estimáramos que el 1% puede estar en la delincuencia, tendríamos 190.000 delincuentes. No hay policía ni justicia que pueda sostener esa situación'. Más allá de las hipótesis, la violencia y el crimen golpean duro en la capital y el Gran Buenos Aires. Y el miedo va en aumento, según distintas encuestas. Una muestra de la consultora Equis indica que el 82% de los habitantes de la capital y el Gran Buenos Aires se siente inseguro, y el 70% alteró sus hábitos de vida. Junto a ello crece la sensación de impunidad para el delito e ineficacia de las fuerzas de seguridad y de la justicia. Muchas víctimas de breves secuestros (los llamados secuestros-exprés), robos y hurtos no pasan por comisaría porque desconfían de la eficacia de la policía o directamente sospechan de ella. Las cárceles argentinas albergan a 250 policías, acusados en su mayoría de homicidio o robo.

Los antecedentes de connivencia de los supuestos guardianes de la ley con la delincuencia son abundantes. Desde que Rodolfo Walsh escribiera Operación Masacre, allá por el año 1957, la policía de la primera provincia del país es utilizada por el poder político de turno y es objeto de acusaciones que la sitúan más cerca del delito que de la prevención del mismo. El escritor y periodista, desaparecido en la última dictadura militar, denunció las evidencias del fusilamiento clandestino en junio de 1956 de un grupo de civiles en el Gran Buenos Aires, ordenado por el jefe policial de la época. 'Sé perfectamente que en este país un jefe de policía es poderoso, mientras que un periodista apenas es nada. Pero sucede que creo, con toda ingenuidad y firmeza, en el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa que sea', consignaba Walsh en la introducción del libro.

Han transcurrido 45 años y aquellas páginas parecen redactadas hoy. Cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires podría describir alguna de las innumerables tropelías del personal de la Bonaerense, el cuerpo armado más poderoso del país, pero el miedo silencia muchas denuncias. A mediados de la década de los noventa, el entonces gobernador de la provincia, Eduardo Duhalde, hoy presidente de la nación, la definía como la mejor policía del mundo. La revista Noticias le respondió con un reportaje que comparaba la fuerza con un santuario de asesinos, corruptos y narcotraficantes. El título de portada era demoledor: Maldita policía, un mote que desde entonces pesa como una losa sobre los 44.000 hombres armados de la Bonaerense.

'Comparada con la de ahora, en la Maldita policía eran bebés de pecho y, desgraciadamente, va hacia un deterioro mayor', asegura el comisario Mastandrea. 'Al comienzo de la recuperación de la democracia, la policía tenía una partida para los gastos operativos y administrativos', explica. 'Se dan cuenta de que se puede financiar de otra manera y la partida para la seguridad incluye sólo sueldos, algo de combustible y nada más. Las comisarías comienzan a financiarse con dinero espurio procedente del juego y la trata de blancas, entre otros delitos'.

Ahí comienza la institucionalización de la corrupción para financiar el funcionamiento administrativo y operativo, que rápidamente adquiere proporciones gigantescas. Cada vez que se destapa un caso, la respuesta oficial es que se trata de un hecho aislado que no compromete a toda la institución. 'Fueron tan aislados, pero tantos, que la sociedad acabó por desconfiar de toda la policía y mirar a quién está arriba, es decir, al poder político', puntualiza Mastandrea.

En la actualidad, las comisarías reciben, según la categoría, una caja chica (fondo de maniobra) de hasta 900 pesos (243 euros) por mes. Con este dinero hay que pagar el mantenimiento y las reparaciones de los vehículos, la compra de material de oficina, el mantenimiento de los edificios, el arreglo de calabozos, etcétera. Para estos gastos la caja no es chica, sino minúscula. Un recorrido por algunas dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires muestra la precariedad de los medios. Coches que no arrancan, oficinas mugrientas y comisarías donde se amontonan 7.000 presos. Para una población de 18 millones de habitantes patrullan la calle 24.000 efectivos de la Bonaerense, repartidos en tres turnos de 8.000 hombres. Los 20.000 restantes están inmovilizados en labores administrativas y vigilancia y transporte de detenidos. Como contraste, 35.000 agentes de la Policía Federal vigilan la ciudad de Buenos Aires, donde viven tres millones de personas.

El balance de una jornada cualquiera en la provincia de Buenos Aires, según los datos que facilita el ministro Cafiero, da el siguiente resultado: 'Entre las siete de la tarde del día 21 y las siete de la mañana del 22 tenemos 84 hechos delictivos, de los que 61 son esclarecidos. Hay 68 personas detenidas, 19 menores de 18 años, 12 secuestros de armas largas, 50 vehículos secuestrados, seis procedimientos sobre droga y tres enfrentamientos con un policía y un delincuente heridos'.

Junto a la ola de los secuestros-exprés, la mayor preocupación del jefe de la seguridad de los bonaerenses es la gran cantidad de armas en poder de la población. 'Es una señal de la desconfianza en la policía'. Según un estudio de la consultora Graciela Römer y Asociados, 170.000 personas en la capital y un millón y medio en la provincia de Buenos Aires poseen armas de fuego. El Registro Nacional de Armas tiene contabilizadas cifras muy inferiores, lo que da idea del enorme mercado ilegal. Informaciones de las fuerzas de seguridad señalan que la deficiencia de la actual legislación civil y penal facilitan un mercado rentable de armas ilegales, que provee fusiles FAL por 550 pesos (148 euros) o granadas de mano MK2 por 200 pesos (54 euros).

Los piratas del asfalto son el azote de los transportistas en la provincia de Buenos Aires. Esta modalidad delictiva es simple y sin riesgos. Un vehículo corta el paso a un camión cargado de mercancía, los asaltantes encañonan al chófer, quien, lógicamente, no tiene la menor intención de hacerse el héroe. Sin resistencia, el robo se consuma rápidamente. Sólo queda un último detalle para que la operación termine a plena satisfacción de los piratas: es imprescindible que la zona esté limpia de patrulleros de la policía.

De eso se encarga el jefe operativo de la zona, que encamina a sus hombres hacia la dirección opuesta al lugar del asalto. Así caen semanalmente unos 10 camiones llenos de medicinas, por cuya mercancía se obtienen 700.000 pesos (189.000 euros), entre 30 y 40 camiones de harina al mes, que se vende por 400.000 pesos (108.000 euros), y otros convoyes repletos de alimentos y otros productos, explica un agente destinado en una zona caliente.

El botín robado puede encontrarse a la venta en los establecimientos comerciales de la provincia. Basta mirar los precios, inferiores a su coste real en Buenos Aires, para comprobar el origen del género. En la localidad de Luján, a una hora de la capital, la propietaria de un comercio que aparentemente sólo vende artículos de perfumería entra disparada hacia la trastienda cuando observa que el vehículo en el que viaja se detiene delante del establecimiento. 'La mitad de lo que vende es choreado [chorizado]', dice mi acompañante, buen conocedor de la zona. El delito adquiere dimensiones siderales cuando se repasa la lista de implicados en la cadena del delito, que empieza por el autor del robo e implica a una amplia red de cómplices como el que guarda la mercadería, el que la distribuye y el que la vende. Todo ello bajo conocimiento del jefe policial de zona, que cobra religiosamente la comisión correspondiente.

'Cuando detectamos que hay personal policial implicado en delitos, actuamos con celeridad. No sólo se le aplica la pena más alta, sino que es separado del cuerpo y se le quitan todos los derechos policiales', advierte Cafiero. En los últimos dos meses, unos 200 policías se han quedado sin empleo, 'la mayoría por cuestiones disciplinarias, y otros por estar implicados en robos, secuestros, abusos sexuales, torturas y homicidios'.

Los negocios de la Bonaerense incluyen, según corrobora un comisario, el tráfico de droga, la prostitución, los casinos clandestinos y los 'desarmaderos' de coches robados. La buena relación entre el jefe policial y el intendente de la zona es la garantía del reparto de la recaudación de los negocios ilegales. El entramado se complementa, según la misma fuente, con la participación de jueces y fiscales, que juegan un papel destacado a la hora de instruir o paralizar una determinada causa.

Los 'ingresos suplementarios' permiten a los policías corruptos vivir muy por encima de las posibilidades de su sueldo, que apenas llega a 1.000 pesos al mes (270 euros). Tienen nombres y apellidos y los vecinos los conocen perfectamente, aunque, por razones obvias, nadie se atreve a revelar un caso de enriquecimiento ilícito de un policía. A fin de cuentas, ¿ante quién y dónde presentaría la denuncia?

En los 24 años que la familia Peralta lleva en El Jagüel han oído repetidas veces las quejas de los comerciantes de la zona ante la extorsión permanente a que son sometidos por policías. 'Es normal. Los jefes de calle no pueden justificar la manera en que viven. Viven como reyes', dice Jorge Peralta. 'Se investiga permanentemente', responde el ministro Cafiero, y añade: 'Hemos dado instrucciones del análisis y todos los oficiales están presentando su declaración jurada de bienes, y toda la evolución patrimonial del último tiempo'.

Para un comisario en activo, que habla desde el anonimato, la única vía para poner orden en la policía de la provincia de Buenos Aires es echar a 2.000 o 3.000 agentes corruptos o meterlos en la cárcel 'para que el resto sienta el impacto'. Por su parte, el comisario Mastandrea recuerda que en el pasado ya se hicieron purgas -unos 350 oficiales jefes, subcomisarios y comisarios en la etapa de Duhalde- sin resultado: 'Han descabezado tanto a la policía que ya no tienen a quién poner. Pero siguieron sin darle un peso de presupuesto y la policía siguió robando'.

En El Jagüel, Emilse Peralta se dispone a encabezar una marcha de los vecinos hasta los tribunales para pedir una vez más justicia. 'Siento que a Dieguito lo mataron con un cuchillo y yo lo tengo clavado en el corazón ese cuchillo. Cada día que pasa es más difícil, porque es tanta la impotencia y la bronca que siento... Tienen que caer los culpables'.

Mañana: La batalla se libra en las carreteras