La Ley de Calidad y la realidad educativa vasca

El pasado 26 de julio el Gobierno central aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, para su remisión al Congreso. Su polémica elaboración puede ser calificada, como mínimo, de surrealista y no cabe esperar demasiadas mejoras en su tramitación parlamentaria dada la actual correlación de diputados. Junto con la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de la Formación Profesional y de las Cualificaciones, completa la trilogía de iniciativas legislativas educativas emprendidas por Aznar, que no se prevé que tenga efectos positivos sobre la educación vasca.

Las objeciones son múltiples. La primera y sustancial para la realidad educativa vasca es que se trata de una ley uniformadora, que, además de invadir competencias asumidas e ignorar incluso la realidad bilingüe de casi la mitad del alumnado, se dirige principalmente a corregir situaciones educativas superadas en Euskadi.

La educación vasca, por factores básicos como financiación, equilibrio de redes, grado de concertación o ratio profesorado/alumnado, se puede equiparar con los sistemas europeos más avanzados. Como una de sus medidas más relevantes, propone la gratuidad de la nueva etapa de Educación Infantil, ahora sólo en el tramo 3-6 años. Esta meritoria iniciativa puede mejorar la baja escolarización en el conjunto de España, pero nada dice en Euskadi donde la escolarización es universal no sólo en esta etapa, sino incluso desde los 2 años. Algo similar sucedió con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) al escolarizar hasta los 16 años: esto ya había acontecido hacía años en Euskadi.

Así mismo, las indicaciones de la ley para adelantar el estudio de una lengua extranjera y de las nuevas tecnologías en Educación Infantil, o la potenciación en Primaria de las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas), son ya realidades en nuestra comunidad.

La visión centralista que inspira toda la ley, provoca su pésima hechura. Trata de homogeneizar a un modelo único unos sistemas escolares tan heterogéneos en las distintas comunidades autónomas que, justamente, comete el error que pretende combatir: aplicar una política de igualación a la baja.

Junto a otros errores, la lista de oportunidades perdidas, puede constituir, por sí misma, la mayor objeción que se haga a la ley: el nulo avance hacia un verdadero espacio europeo de la educación, la falta de un moderno tratamiento para una educación en valores, el cierre en falso del tema de la asignatura de religión y su alternativa; la no provisión adicional de recursos para la enseñanza de idiomas y de las TIC; el escaso avance en el tratamiento de las necesidades educativas especiales, etc.

Como conclusión, habrá que confiar en que la crisis, entendida como oportunidad, servirá para perfeccionar el sistema educativo vasco, no tanto por las virtualidades de la ley como por nuestro esfuerzo propio.