Tarifas eléctricas

Con alevosía veraniega, el Ministerio de Economía acaba de confirmar que cambiará de forma radical la política tarifaria del mercado eléctrico: hasta el año 2010 los precios de la luz podrán subir a tasas anuales inferiores al 2%. El cambio acaba con las muy publicitadas promesas del vicepresidente Rato de rebajar las tarifas eléctricas en el 9% durante los años 2000, 2001 y 2002, periodo durante el cual sólo se han reducido el 4%; y parece evidente además que el nuevo sistema de precios, a falta de conocer detalles, implica que el Gobierno se ha rendido a la capacidad de presión e influencia política de las empresas eléctricas, empeñadas en utilizar los vergonzosos apagones que dejaron sin luz a Madrid, Cataluña y Valencia en diciembre del año pasado como una amenaza de problemas mayores. En la interpretación más dura, podría entenderse que el Gobierno ha claudicado al chantaje.

La nueva metodología tarifaria se hace pública sin que se aporte la menor explicación sobre la necesidad del cambio. Después de meses de declaraciones públicas y advertencias, se supone que las empresas eléctricas reclaman ingresos más elevados para acometer nuevas inversiones en generación y poner fin así al riesgo de apagones. Pero es muy lícito dudar de esta versión. Porque las compañías han dispuesto al menos durante tres años de cuantiosas inyecciones de dinero -la llamada 'garantía de potencia', que inyectó en sus cuentas de resultados unos 160.000 millones anuales de pesetas- para asegurar el suministro de electricidad; dinero que no se ha reflejado, que se sepa, en inversión productiva alguna.

Lo más probable es que las dificultades de inversión de las eléctricas no procedan de tarifas insuficientes, sino de una gestión discutible y de estrategias arriesgadas, como las aventuras en América Latina o los fracasados intentos de diversificación, que han socavado su solvencia y mermado su rentabilidad. Iniciativas que se han financiado con los ingresos asegurados por tarifa sobre un mercado asegurado a su vez por la falta de competencia real. La revisión a la baja de las calificaciones de las eléctricas no se debe a las rebajas de precios de los últimos años, sobradamente compensadas por la disminución del coste del dinero y las ganancias de productividad, sino a la aparición del riesgo latente en los mercados latinoamericanos y en las costosas inversiones tecnológicas a las que se lanzaron.

Hay que temer, pues, que con la coartada de los apagones, el Gobierno se disponga ahora a trasladar a los consumidores el coste de estos errores. Es una contradicción grave pretender que un mercado está liberalizado mientras el Ejecutivo sigue fijando sus tarifas. El resultado de esta inconsecuencia es que el Gobierno se ve reducido al triste papel de mensajero del fracaso de las compañías eléctricas.