El optimismo del Consell choca con la desconfianza de oposición y organizaciones agrarias ante el veto citrícola
La sentencia de un tribunal de Filadelfia, conocida ayer, favorabler al veto norteamericano a las clementinas españolas y contraria a la demanda de Intercitrus, ha suscitado reacciones contradictorias sobre el futuro de las exportaciones. Mientras la consejera Portavoz, Alicia de Miguel, se mostraba convencida de que en octubre se reabrirán las fronteras estadounidenses, Antoni Lozano, portavoz de agricultura del PSPV, apuntaba que 'aunque se abran las fronteras, se hará en unas condiciones draconianas'. Joan Brusca, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders se mostró desconfiado sobre la apertura de fronteras en octubre, 'porque los grupos de presión americanos habrán bombardeado la normativa [el nuevo protocolo de exportación en fase actual de negociación] a base de alegaciones para alargar el tema en el tiempo y no romper el veto'. Incluso en el caso de anularse el veto, muchos productores no acudirían a ese mercado, según Brusca, 'por el poco tiempo' disponible 'para programar las exportaciones', ya que a estas alturas aún se desconocen las condiciones y fechas en que se abrirán las fronteras.
De Miguel basa su confianza en 'la actuación que está llevando a cabo la Generalitat, el Gobierno central y los sectores, a través de actuaciones diplomáticas, de presión y demostración de que aquí se hacen las cosas prefectamente respecto a los cítricos'. Sin embargo, al igual que hacía anteayer la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), tanto la Unió de Llauradors como el PSPV coincidían ayer en pedir responsabilidades al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, por su 'nefasta' actuación, al admitir en su día que el esctor podría 'haber permitido la entrada de larvas en Estados Unidos'. En el mismo sentido que AVA-Asaja, el PSPV reiteraba la necesidad de una 'queja' ante la Organización Mundial del Comercio como 'única vía para reclamra que se levante el veto'. Tras diez meses de negociaciones, Joan Brusca abogaba por una mayor contudencia del Ministerio y la presentación de una queja a través de la Unión Europea. En esa misma línea, la Confederación de Cooperativas Agrarias de España considera 'indipensable' una mayor presión de la UE ante la Administración norteamericana.
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