El Ayuntamiento de El Puerto anuncia el derribo de chalés construidos de forma ilegal

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) emprenderá el derribo de las construcciones ilegales, en su mayor parte chalés, desarrolladas por particulares. El Ayuntamiento calcula que las obras sin licencia son 3.300, pero que sólo puede actuar, 'en este momento', contra un centenar de ellas, las edificadas en los últimos cuatro años y sobre las que pesan expedientes administrativos y judiciales. El concejal de Urbanismo, Pedro Alamillo, explicó que el resto de las viviendas han superado ya el periodo de denuncia legal y la intervención será más difícil.

En una primera fase, el Ayuntamiento pretende derribar hasta una veintena de inmuebles. Se trata de edificios construidos en los anexos al trazado de la carretera que une El Puerto con Sanlúcar de Barrameda y en la parcela conocida como Pinar de Coi. Estas zonas no están recogidas como urbanizables en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no cumplen con las mínimas exigencias de urbanización, saneamiento y servicios.

Las órdenes de derribo pueden comenzar a ejecutarse la próxima semana. Con anterioridad, el concejal pretende mantener un contacto con el juez para informarle sobre la acción, 'que se ampara en una sentencia del Supremo que avala la decisión municipal', según explicó Alamillos. El Ayuntamiento pedirá una orden judicial para acceder a las viviendas y 'evitar retrasos'.

Medida pedagógica

Alamillos justificó ayer la medida en la necesidad de actuar 'con carácter pedagógico' para evitar la generalización de las urbanizaciones ilegales.

El área de Urbanismo tramita en la actualidad, según aseguró el concejal, un expediente contra una empresa inmobiliaria 'que sorprendentemente ha llegado a edificar y a poner a la venta chalets construidos ilegalmente en suelo no urbanizable'.

El responsable municipal aseguró que el programa se realiza en coordinación con las asociaciones de vecinos porque, según dijo, 'están a favor' de defender la legalidad urbanística, como fórmula 'indispensable para acometer un crecimiento ordenado de la ciudad'.

El concejal dijo que algunas de las denuncias recibidas en su departamento sobre obras ilegales han sido presentadas por las propias entidades vecinales.

El área de Urbanismo negocia con diversos colectivos la normalización de algunas urbanizaciones irregulares que sí tienen cabida en la revisión del PGOU, que en la actualidad está en fase de redacción. En los casos en los que técnicamente sea posible, el Ayuntamiento espera conseguir acuerdos urbanísticos para la cofinanciación de las obras de urbanización en estas zonas.

Alamillos basa, además, su acción en un informe del Defensor del Pueblo de Andalucía que denuncia 'la injusticia' que supone que a algunos vecinos se les exija hacer frente a sus obligaciones impositivas con su municipio mientras que a otros se les consiente actuar al margen de la ley.