Jueces de Guipúzcoa critican los servicios de escolta que les dan empresas privadas

Un grupo de jueces y fiscales de Guipúzcoa ha presentado una protesta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por la deficiencias que, a su entender, existen en los servicios de escolta que reciben de algunas empresas privadas contratadas por el Ministerio del Interior. Las críticas de este colectivo guipuzcoano, formado por unos 30 o 40 magistrados y fiscales, se suman a las vertidas recientemente por sus compañeros de Vizcaya, quienes mantuvieron una reunión con los responsables policiales de los Gobiernos central y vasco para mejorar su protección.

El descontento de los miembros de la Judicatura y de la Fiscalía de Guipúzcoa ha sido puesto en conocimiento del presidente del TSJPV, Manuel María Zorrilla, y se centra más en la falta de profesionalidad de las compañías privadas que en el trabajo que realizan los escoltas que tienen asignados, según publicaron ayer El Correo y El Diario Vasco. Critican principalmente la excesiva rotación de los guardaespaldas y la falta de medios para garantizar su seguridad.

Uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el País Vasco Juan Pablo González admitió la existencia de 'algunas disfunciones' en la protección de los jueces, que achacó al 'sistema de reclutamiento [de escoltas] un poco precipitado' que se realizó tras el asesinato, el pasado 7 de noviembre, por parte de ETA del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ante estas nuevas quejas, pidió ayer que la protección de todos los jueces sea asignada a la Ertzaintza, aunque también podría realizarse con policías nacionales y guardias civiles.

El portavoz de la APM, José Manuel Suárez, insistió en que la seguridad de los miembros de la Judicatura deben prestarla los cuerpos policiales, aunque también matizó que es mejor el servicio que prestan las empresas privadas a que no exista vigilancia.