Las pérdidas de Sonera en UMTS salpican al Gobierno finlandés

El otoño político de Finlandia ha comenzado muy agitado en torno a la compañía de telefonía Sonera. En julio pasado, al presentar sus resultados del segundo semestre, Sonera declaró, como lo hiciera Telefónica en Madrid, la 'desactivación de sus proyectos de tercera generación UMTS en el mercado alemán'. Ambas empresas crearon el consorcio Quam, que suspenderá sus actividades en las próximas semanas.

En Finlandia esto se interpretó inmediatamente como la pérdida definitiva de 4.300 millones de euros, que significaba la mayor inversión en el extranjero jamás realizada por capitales finlandeses. El Estado finés sigue siendo, con el 53% de las acciones, el principal accionista de la compañía; por tanto, aquel dinero era de los contribuyentes. La fiscalía finlandesa ha puesto en marcha una investigación sobre la posible responsabilidad del Gobierno en los planes de inversión de Sonera.

En los meses dorados del sector de telecomunicaciones, el Parlamento dio luz verde al Gobierno para fusionar o vender la compañía. En aquella época, cada acción de Sonera valía 95 euros; en la actualidad, cotiza a cuatro. Por ahora, su fusión con la sueca Telia se trabaja en despachos de ambas capitales nórdicas. El detonante de la polémica fue un libro anónimo presentado en Internet donde se explica cómo el consejero delegado de entonces, Kaj-Erik Relander, habría manipulado a funcionarios del Gobierno para obtener el codiciado permiso.

Una de las paradojas en el negocio de las licencias de UMTS es que el Gobierno finlandés se opuso desde el comienzo a la venta de dichas licencias en su territorio, y dio autorización gratis a las teleoperadoras en la creencia de que podría beneficiar a todo el sector.

Decisión política

La busca de responsabilidades se ha convertido en una verdadera caza de brujas. Así, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Kimmo Sasi, se ha apresurado a presentar una investigación llevada a cabo con urgencia en su ministerio y que testifica que desde sus oficinas no salió orden alguna o autorización para llevar a cabo tal aventura.

'Toda la responsabilidad', concluye el ministro, 'es de los ejecutivos de la empresa'. De esta forma le cubre las espaldas el entonces ministro y compañero del partido conservador (Kokoomus) Olli-Pekka Heinonen, que actualmente es el director general de la televisión pública.

La pregunta de cómo el mayor accionista se puede desentender de una decisión estratégica de tal magnitud se mantiene sin respuesta. Ex miembros del consejo de administración, apremiados por la polémica, han salido a la luz pública divididos en dos bandos; algunos aseguran que actuaron de buena fe, pues creían que detrás de la decisión estaban los ministros clave.