La deuda agobia a las firmas argentinas

La devaluación del peso ha dejado a las empresas argentinas con graves dificultades en su pasivo, ya que deberán hacer frente a unos pagos por valor de 3.043 millones de dólares de aquí a diciembre. Los empresarios reclaman medidas de apoyo por parte del Gobierno de Eduardo Duhalde para salvar el pellejo. Pero, mientras tanto, la calificadora de riesgo Fitch considera en suspensión de pagos a 24 de las grandes firmas del país.

Algunas empresas ya han reestructurado su pasivo, como Telefónica de Argentina, filial de la operadora española, o Astra, de Repsol YPF

Si los argentinos cobijaban el sambenito de presumidos, los cuatro años de crisis los han llevado a considerarse los más infelices del mundo. Las últimas heridas al orgullo nacional se registraron en los últimos meses, cuando la selección de fútbol resultó eliminada en la primera fase del Mundial y dos empresas brasileñas, la cervecera Ambev y la petrolera Petrobras, se quedaron con dos grandes compañías de capital argentino: la primera con el 37% de Quilmes y la segunda con el 68% de Pérez Companc.

La crisis argentina, pero sobre todo la devaluación del 72% del peso desde enero, abarató incluso hasta la mitad el valor a las grandes compañías de la tercera economía latinoamericana. No obstante, el mayor problema que enfrentan radica en la deuda en dólares que contrajeron en el exterior. Entre 1991 y 2001, cuando el peso cotizaba a un dólar, las corporaciones nacionales y las filiales de firmas extranjeras preferían tomar crédito afuera porque allí obtenían tipos de interés más bajos que en Argentina.

La devaluación de la moneda dejó a todas las grandes compañías en graves dificultades con su pasivo. Entre agosto y diciembre, deberán afrontar pagos por 3.043 millones de dólares, aunque se calcula que la deuda externa privada de Argentina supone una cifra 10 veces superior. De ahí que un grupo de empresarios locales, entre los que figura el constructor Aldo Roggio, estén presionando entre bambalinas para que el Gobierno del peronista Eduardo Duhalde les eche una mano. La prensa argentina mencionó a otros interesados: Amalia Lacroze de Fortabat y Héctor Magnetto. Sus empresas, la cementera Loma Negra y el conglomerado de medios Clarín, respectivamente, están fuertemente endeudadas y fueron defensoras de la abolida ley de quiebras, que elevaba la protección judicial de los deudores en detrimento de los acreedores. Este grupo de ejecutivos argentinos advierte de que sin ayuda desaparecerán empresas y empleos, en tiempos en que el paro asciende al 21%.

En 1982, cuando estalló la crisis de la deuda en Latinoamérica, el entonces presidente del Banco Central argentino, Domingo Cavallo, rescató a las empresas de una situación similar mediante el llamado seguro de cambio, es decir, permitiéndoles comprar divisas para pagar sus obligaciones a un precio de rebajas. El coste de la ayuda recayó sobre las arcas públicas. Así se produjo la estatización de la deuda privada. Veinte años después, Argentina está en suspensión de pagos y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, ya ha declarado que carece de recursos para recrear el seguro de cambio. El Gobierno de Duhalde, preocupado por la extranjerización de empresas argentinas, busca otras fórmulas de ayuda sin costes fiscales. El analista Jorge Ávila, del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), se opone a cualquier asistencia que suponga aumentar la deuda pública de 142.000 millones de dólares: 'El seguro de cambio sólo defiende la continuidad de los accionistas. Las empresas endeudadas no van a cerrar porque son viables, tal vez seguirán vivas en manos de otros dueños'.

Las corporaciones con mayores dificultades para asumir sus deudas son aquellas que generan sus recursos en el mercado interno, donde prevalece la recesión y el índice de precios en pesos aumentó el 34%, frente a la apreciación del 262% del dólar. En este colectivo figuran las empresas de servicios públicos privatizados, cuyas tarifas fueron congeladas por el Gobierno en enero, cuando se inició la devaluación. Las operadoras todavía están negociando aumentos de entre el 3% y el 10% en la electricidad y el gas. El Ejecutivo teme la reacción negativa de una sociedad ya muy castigada y el efecto en la inflación, pero aprueba incrementos en las tarifas para industrias y comercios.

Algunas compañías de servicios públicos suspendieron pagos este año, entre ellas algunas de capital español. Tales son los casos de Autopistas del Sol (45% de Aurea y 6,5% de Dragados), Metrogas (26,67% de Repsol YPF) y Aguas Argentinas (25% de Aguas de Barcelona). Metrogas, no obstante, pagó el mes pasado intereses de sus obligaciones negociables. En cambio, Autopistas del Sol incumplió en agosto con el pago de 18,7 millones de dólares.

Las 24 grandes

La calificadora de riesgo crediticio Fitch considera en suspensión de pagos a 24 grandes empresas argentinas, de capitales nacionales y foráneos. En esa lista figuran compañías siderúrgicas (Acindar, subsidiaria de Arbed), textiles, editoriales de periódicos y revistas, operadores y productoras de televisión, alimentarias, eléctricas, gasíferas, constructoras, servicios postales, parques de diversiones, telefónicas y petroleras. También suspendieron pagos los bancos de Galicia (con una participación minoritaria de SCH) y Scotiabank (filial del canadiense Bank of Nova Scotia).

Algunas compañías ya han reestructurado su pasivo. Entre ellas figura Telefónica de Argentina (filial de Telefónica), que canjeó títulos de deuda por 100 millones de dólares que vencían el mes pasado por otros bonos que deberán saldarse en julio de 2006. Banco Galicia reestructuró los bonos por 380 millones que debía pagar en agosto. Mientras tanto, siguen venciendo las amortizaciones de obligaciones negociables: Astra (filial de Repsol YPF) deberá abonar 50 millones de dólares en septiembre; BBVA Banco Francés, 150 millones en octubre; Metrogas, 97,13 millones en septiembre; e YPF (filial de Repsol YPF), 25,99 millones entre agosto y diciembre. La incertidumbre en las variables económicas (tarifas y contratos de servicios públicos, inflación, devaluación, eventual ayuda del FMI) y políticas (quién ganará las elecciones presidenciales de marzo próximo) está retrasando las negociaciones entre deudores y acreedores.