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Editorial:

Fusión española

La Comisión Europea ha declinado en las autoridades españolas de la Competencia la responsabilidad de analizar las consecuencias del acuerdo de integración anunciado hace tres meses por las plataformas de televisión de pago Canal Satélite Digital, del Grupo Sogecable, y Vía Digital, de Telefónica. El argumento que ha llevado a Bruselas a devolver a España el expediente de fusión es que sus efectos atañen básicamente al mercado español. La Comisión ha optado por una decisión razonable que evita añadir mayores retrasos a una situación de incertidumbre que afecta a empresas y usuarios. A tenor de la reacción de la Bolsa, parece que así lo han entendido los inversores.

De aquí a cuatro meses, el Servicio y el Tribunal de la Defensa de la Competencia, primero; el Ministerio de Economía, después, y el Consejo de Ministros, en última instancia, deberán establecer las condiciones en que la integración puede ser llevada a la práctica. Y serán, lógicamente, las empresas afectadas las que decidan si esas condiciones son aceptables y responden a los criterios de lógica económica y empresarial que justifican la integración.

Bruselas ha cedido a las autoridades españolas la decisión última, pero no ha dejado de señalar los ámbitos en los que, a su juicio, podría verse afectada la libre competencia con la fusión: la oferta de televisión de pago, la prestación de servicios de acceso a Internet y la adquisición y explotación de los derechos televisivos del fútbol. Esos riesgos que apunta Bruselas tendrán que ser sopesados por las autoridades a la luz de las peculiaridades del mercado audiovisual español, que es, justamente, la razón por la que Bruselas ha cedido el caso a las autoridades españolas. Sólo a partir de ahí podrán establecerse las condiciones que permitan que la fusión sea compatible con la transparencia del mercado y el respeto al derecho de los abonados.

La decisión que finalmente adopten las autoridades no podrá dejar de tener en cuenta el delicado momento que viven los mercados audiovisuales, sometidos a importantes transformaciones no sólo en España, sino en toda Europa, como ayer mismo ha recordado el ministro de Economía español. Un marco legal que pretenda mantener un modelo artificial de competencia basado en las pérdidas y en el endeudamiento de las empresas es una fantasía inviable. Hay abundantes ejemplos de ello dentro y fuera de España. El cierre de Quiero TV en nuestro país, la suspensión de pagos de Kirch en Alemania o la imposibilidad de mantener una doble oferta en Italia son buenos ejemplos de la necesidad de encontrar las fórmulas adecuadas para evitar salidas traumáticas a las empresas y lograr el pluralismo de la oferta y los derechos de los abonados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de agosto de 2002