Por primera vez en España dos ciudades compran agua para evitar restricciones

Los 300.000 habitantes del denominado Corredor del Henares (Madrid), donde se localizan poblaciones como Guadalajara, Alcalá de Henares o la cárcel de Alcalá-Meco, han sido los primeros de España en acudir al mercado del agua para evitar restricciones en su abastecimiento, ya que el pantano del que se aprovisionan está casi seco. Han comprado por dos millones de euros el agua que le sobra a una comunidad de regantes, acogiéndose a la reforma de la Ley de Aguas que auspició el PP en 1999 y que hasta hoy no se había aplicado, aunque es habitual y clandestina en varias comarcas del sureste español.

Más de 20 localidades del Corredor del Henares afrontaban el verano con un grave problema. Los grifos amenazaban con no dejar pasar ni una gota de agua. El embalse de Beleña, del que se avitualla la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (entidad pública que gestiona sus abastecimientos), apenas ha recogido agua este invierno, un hecho común a toda la cabecera del Tajo, donde apenas se han registrado nevadas ni lluvias. La primavera agravó la situación, por lo que el presidente de la mancomunidad, Fernando Marín, concejal a su vez de Aguas y Medio Ambiente de Alcalá de Henares, forzó al Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo a que le ofrecieran una solución.

De todas las que se barajaron, la más inmediata era comprar agua a los regantes del Canal del Henares que circula en paralelo al corredor y la carretera N-II de Madrid a Barcelona.

El canal fue construido por una compañía inglesa a mediados del siglo XIX. Con el tiempo, las tierras que regaba fueron adquiridas por el conde de Romanones, mientras la concesión de agua (66 hectómetros cúbicos del embalse de Alcorlo) pasó a los agricultores, cuyos cultivos se ven cada día más cercados por una invasión urbanística e industrial, sin que haya garantías de abastecimiento.

Como los agricultores no gastan toda el agua que el derecho les otorga, la alternativa de vender sus excedentes, como les proponía la Confederación Hidrográfica del Tajo, fraguó rápidamente en un acuerdo.

Mientras lo negociaban, el Consejo de Ministros aprobó en marzo una partida de 3,5 millones de euros para costear una tubería de emergencia de dos kilómetros, que conecta el canal con una estación de tratamiento de la red de agua potable. La conexión ya funciona. La inauguró la pasada semana el secretario de Estado de Aguas, Pascual Fernández. El acuerdo de compraventa de agua, negociado entre el secretario de la Comunidad de Regantes, José Manuel Rodríguez, y el presidente de la Mancomunidad del Sorbe, Fernando Marín, es el primero de sus características que se firma en España al amparo de la reforma de la Ley de Aguas auspiciada por el PP.

A cambio de 20 hectómetros cúbicos anuales, los 300.000 habitantes del Corredor pagarán 38.000 euros, además de cantidades variables que van de un céntimo de euro el metro cúbico hasta tres céntimos en verano.

El concejal de Alcalá Fernando Marín no se compromete a repercutir sobre los usuarios el gasto extraordinario por la compra de agua. Dice que hay que esperar para ver cómo salen las cuentas. Los agricultores, sin embargo, lo tienen claro. Con los dos millones de euros de ingresos que les caerán del cielo, pagarán las facturas que les remite la Confederación Hidrográfica del Tajo y el resto lo invertirán en tecnificar sus regadíos.