La peligrosa relación del auditor con sus clientes

La independencia es la condición básica para que un auditor cumpla con su trabajo. El tema ya era una preocupación antes de que el escándalo Enron y las relaciones que esta compañía mantenía con su auditor hicieran trizas la imagen del colectivo y empujaran al gobierno estadounidense y a la Unión Europea a anunciar un refuerzo de las leyes sobre independencia.

El trabajo del auditor tiene efectos sobre terceros (accionistas, analistas) y es, entiende la autora, un servicio de utilidad pública que paga la empresa que se pone bajo su lupa. A partir de esta aparente contradicción, la profesora Riquelme Alvarado desgrana el concepto de independencia, cuya referencia en el ordenamiento español es la 'ausencia de intereses o influencias que pueda menoscabar la objetividad'.

Así, un auditor debe actuar de forma objetiva, evitar los conflictos de interés y ser una persona íntegra, firme y escéptica, entre otras cualidades. Pero además debe parecer que actúa de esta forma. Es decir que debe ser independiente y parecer independiente, lo que implica demostrar que los riesgos que implica su especial relación con sus clientes son reducidos al mínimo y no condicionan su actuación. Para ello es necesario que el auditor esté sometido a diferentes salvaguardas e incompatibilidades.

La primera condición es imposible de asegurar, ya que es una cualidad personal. La segunda, sin embargo, ha sido objeto de varios esfuerzos normativos, que el libro analiza: desde las conclusiones de la Comisión Europea y de la Federación de Expertos Contables hasta el código de conducta de los auditores estadounidenses.

Las grandes preocupaciones coinciden: la realización de servicios de consultoría a los clientes de auditoría; la relación entre el auditor y los directivos de la empresa y lo que se llama 'compra de opiniones' o, lo que es lo mismo, el cambio de auditor cuando éste no accede a los deseos del cliente, están entre las más preocupantes. Para todos estos riesgos, el legislador prevé barreras, prohibiciones e incompatibilidades, que, a la luz de los últimos casos no han servido de mucho. En el caso de la prestación de servicios de asesoría y consultoría, la autora aprecia que 'la utilización de compañías interpuestas y relacionadas' han servido a las firmas 'para obviar estas normas'.

Lo más novedoso del libro es que propone alternativas, basadas en la experiencia de Alvarado como investigadora -es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid- y auditora -trabajó seis años en una de las grandes firmas del mundo, Deloitte & Touche-. El auditor no debería poder participar en la elaboración de estados financieros, dar asesoría fiscal, servicios de consultoría, implantar determinados productos o dar servicios gerenciales o de selección de personal a sus clientes de auditoría, concluye. Algunos de éstos serían posibles para otros clientes bajo determinados controles.

El libro propone una revisión del sistema por el que se organiza la auditoría en España, supervisada por un organismo público. La alternativa es un modelo de mayor participación de la profesión, presidido por un Consejo Superior y donde las responsabilidades serían comunes en la UE. Es un buen punto de partida para entender los conflictos a los que se enfrenta la profesión en un momento en que la ley va a cambiar en España. En septiembre, el Parlamento estudiará nuevas normas sobre su independencia.