Canarias, 20 años de progreso

Hoy, 10 de agosto, se cumplen 20 años de la publicación en el BOE del primer Estatuto de Autonomía de Canarias. Veinte años que han supuesto, desde el autogobierno, una importante transformación de la sociedad del archipiélago. La democracia, el desarrollo impulsado por el sector turístico, motor indiscutible de nuestra economía, y la capacidad de dirigir desde Canarias lo sustancial de las políticas han sido claves en el vuelco dado a la situación de las islas, superando los retrasos históricos y los olvidos del centralismo.

Así, estas dos décadas nos han permitido dar un salto cuantitativo y cualitativo en la educación, en la sanidad y en las infraestructuras públicas. El hecho de contar, por primera vez en nuestra historia, con instituciones archipielágicas (el Parlamento y el Gobierno de Canarias) ha influido de manera decisiva en el equilibrio entre nuestros territorios insulares, sacando del atraso a las denominadas islas no capitalinas y contribuyendo, por tanto, a la unidad de Canarias desde la solidaridad y la atención a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en todos los lugares de las islas. Gracias al generoso esfuerzo de la sociedad canaria, a la mejor formación de nuestros hombres y mujeres, a un empresariado cada día más activo y emprendedor, nuestra Comunidad es hoy una sociedad desarrollada y madura, homologable a la media de las europeas donde nos insertamos política, económica y culturalmente. Una sociedad que genera riqueza y empleo, que ha pasado de ser tierra obligada cíclicamente a la emigración a convertirse, en los últimos años, en receptora de mano de obra.

El inicial Estatuto de 1982 fue reformado en 1996. Una reforma profunda que supuso el reconocimiento de Canarias como nacionalidad y como territorio archipielágico, el incremento notable de nuestras competencias y la posibilidad de participar, de forma directa, en las instituciones de la UE. Considero la reforma de 1996 como un importante logro. Por eso trabajamos ahora para que se cumplan aspectos del Estatuto aún por desarrollar y porque se transfieran nuevas competencias básicas que contribuyan a la maduración plena de Canarias como Comunidad.

Es el caso de la participación en las delegaciones españolas ante la UE en los asuntos que afectan a Canarias -tal y como recoge nuestro Estatuto en su artículo 37.2-, una participación que entendemos positiva y ejercitable desde la coordinación, el consenso y la lealtad mutua. Otro ejemplo particularmente claro es que mientras se reconoce a Canarias como archipiélago, no se definen nuestras aguas interiores como parte indisoluble del territorio. Y ello conduce al absurdo actual de que las aguas entre las islas son, en buena parte, aguas internacionales. En el mismo sentido, no puede entenderse que se le niegue a Canarias la Zona Económica Exclusiva, a pesar de que se reconozca de facto al conceder el Estado permiso para prospecciones petrolíferas frente a nuestras costas. También es intención del Gobierno de Canarias tener mayor participación en la dirección aeroportuaria y en el tráfico aéreo interinsular, porque es éste un servicio básico en un archipiélago y, sobre todo, porque no nos satisfacen en absoluto las respuestas de los que desde un despacho de Madrid igualan nuestras circunstancias a las del territorio continental.

Tenemos la voluntad de seguir consolidando nuestro autogobierno porque éste ha influido en la mejora de la calidad de vida de los hombres y mujeres de Canarias. Frente a determinadas regresiones centralistas y a la visión sesgada que considera a las autonomías entes subordinados, estoy convencido de que es posible avanzar en la profundización del estado de las autonomías, con menores disfunciones y con mayor aceptación y compromiso de un marco comúnmente aceptado, en el que las instancias centrales y autonómicas se encuentran en una situación de paridad y ejercen poder político en sus respectivos ámbitos.

En ese camino de superación de las actuales limitaciones, en ese propósito de tratar de mejorar la articulación de las autonomías en el Estado, hemos considerado conveniente la creación de un foro de encuentro institucional entre el presidente del Gobierno español y los presidentes de todas las comunidades autónomas. Un foro al que defino como un espacio de trabajo y de reflexión sobre el presente y el futuro del Estado. Asimismo, considero esencial que el Senado deje de ser mera caja de resonancia del Congreso y que se convierta de verdad en la Cámara de representación territorial que dibuja la Constitución Española. Una Cámara donde las comunidades autónomas tengamos nuestra voz y nuestro peso político en las tareas del Estado.

No quisiera dejar de hacer referencia a las relaciones con Europa. En ella, Canarias se juega gran parte de su futuro. Desde el Gobierno de Canarias trabajamos intensamente para consolidar nuestro status como región ultraperiférica de la UE, reconocido en el artículo 299.2 del tratado de Amsterdam, que permite que las distintas políticas comunitarias tengan en cuenta nuestras circunstancias específicas, los handicaps permanentes que suponen la lejanía respecto al continente europeo, la fragmentación insular, el pequeño tamaño de los mercados o la escasez de los recursos naturales. Un status que garantice que nuestros ciudadanos y empresas se sitúen en similares condiciones a los ciudadanos y empresas del territorio continental.

Hoy, cuando se cumplen 20 años de nuestro primer Estatuto, Canarias puede celebrar este aniversario con el convencimiento de que el proceso iniciado en 1982 ha sido positivo. Con el reconocimiento a todas las personas que desde la política contribuyeron a la consolidación del autogobierno. Con la certeza de que desde el ejercicio de nuestra autonomía podemos afrontar los grandes retos de futuro de la sociedad canaria.

Como señalé en mi discurso del 30 de mayo, Día de Canarias, nuestra comunidad precisa más autogobierno, más capacidad para decidir desde el archipiélago. Para seguir progresando socialmente. Para continuar impulsando un desarrollo sostenible que sepa conjugar respeto al medio natural privilegiado que poseen estas islas -que cuentan con el 41% de su territorio protegido-, con los imprescindibles avances económicos y con una justa distribución de la riqueza. Para seguir contribuyendo desde Canarias a una España que entendemos necesariamente plurinacional. Para que esta pequeña comunidad atlántica continúe avanzando como pueblo desarrollado en el marco de Europa.

Román Rodríguez Rodríguez es presidente del Gobierno de Canarias.