Un millón de personas formarán la polémica red de informantes del Ejército

El nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, lanzó ayer su iniciativa más polémica: el millón de informantes del Ejército y de la policía. Los 600 primeros voluntarios actuarán, desarmados, en el departamento del Cesar, especialmente agobiado por los secuestros, los bloqueos de carretera, la destrucción de puentes y los choques entre las guerrillas y los paramilitares.

En su primer acto de gobierno, Uribe viajó a Valledupar para constituir ese frente civil, que contará también con 'policías y soldados de apoyo': civiles que recibirán formación y estipendio. La llamada red de cooperación ciudadana, subrayaron el presidente y su ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, deberá respetar la Constitución, actuar con transparencia y ceder el uso de armas a la fuerza pública.

Las organizaciones de derechos humanos temen excesos y un agravamiento de la violencia. 'No le pongamos problema a esto. Hay que echar para adelante', pidió el jefe del Estado. Los organizadores de la red de colaboradores confían en que campesinos, taxistas, celadores y ciudadanos en general participarán en la pretendida movilización contra la violencia. Otras fuentes dudan del éxito de la iniciativa anticipando asesinatos de voluntarios.

Por su parte, el nuevo ministro del Interior, Fernando Londoño, presentó al Congreso una reforma política destinada a remodelar el desacreditado poder legislativo, combatir la corrupción y facilitar el ingreso en el Parlamento de guerrilleros que acepten abandonar las armas e integrarse a la vida civil. La reforma será propuesta en referéndun, pero el cuestionario de 17 preguntas debe ser aprobado antes por las dos cámaras, en las que el presidente dispone de mayoría.

El proyecto incluye la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas para elegir un nuevo Congreso unicameral de 160 miembros, contra los 268 escaños actuales, previa concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La oposición del Partido Liberal, cuya disciplina abandonó Uribe para disputar la presidencia por libre, rechaza la disolución del Parlamento, que comenzó a trabajar el pasado 20 de julio por un periodo de cuatro años.