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Reportaje:

La maldición de Irene

El paso de camiones por el cauce de un arroyo amenaza la recuperación de una niña de dos años trasplantada de corazón

Irene tiene dos años y ha superado cuatro delicadas operaciones de corazón en sus primeros 14 meses de vida. La última, un trasplante. El nuevo órgano significa una vida entregada a la medicación y a una asepsia extrema para evitar infecciones fatales: uso de mascarilla, limpieza exhaustiva del hogar o que Manuel, el padre, albañil, no pueda abrazar a su hija al llegar de la obra. Un parte médico del Hospital Reina Sofía de Córdoba del pasado 12 de julio estima 'perjudicial la exposición de la niña a contaminantes ambientales como polvo de cemento u otros derivados del material de construcción'.

Manuel Olea y María José Alcaide, que viven con la pequeña junto al cauce del Arroyo de Totalán (Málaga), han remitido al Defensor del Pueblo Andaluz un relato de su desesperación. Es la última opción después de haber intentado por todos los medios evitar que el polvo del arroyo seco dañe la fragilidad de su hija. La omnipresencia del polvo se debe a que decenas de camiones de gran tonelaje acceden cada día cauce arriba hasta una planta de elaboración de hormigón de la empresa Beton Catalán. La factoría, autorizada por Industria en 1985, está a unos 500 metros de la casa de Irene.

La familia de Irene, cuya vivienda está en el término municipal de Málaga, no quiere que desaparezca la fábrica. Lo único que exige es que la empresa 'o quien sea' habilite un acceso 'lógico' a la factoría desde la carretera que une La Cala del Moral (Rincón de la Victoria) y Totalán. Ahora el único camino hasta la hormigonera es el arroyo.

Los padres de Irene, que han enviado al Defensor del Pueblo 70 firmas de apoyo de vecinos, acudieron al ayuntamiento de Totalán, donde está ubicada la fábrica. El concejal de Urbanismo, Jesús de Oses (IU), asegura que, tras un acuerdo alcanzado en un pleno en el que se trató el tema, ha 'autorizado y recomendado a Beton Catalán la construcción del acceso'. Tras diversas conversaciones con este periódico, el responsable de la entidad en Málaga, Federico Sánchez, reitera que no está 'en disposición de ofrecer información alguna'.

'La empresa sólo se comprometió a regar el camino, pero no siempre lo hace, y cuando se riega no se puede evitar que el polvo de más arriba llegue a la casa', afirma Manuel. 'Hay días en que pasan hasta cien camiones y una nube envuelve la zona', asegura.

Tras las fuertes lluvias del pasado otoño, que desbordaron el arroyo, la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) ensanchó el cauce hasta unos metros antes de la fábrica. Entonces se pasó de una hilera de camiones a doble sentido de circulación. 'Tuvimos que colocar pesadas piedras para que sólo pasaran por la zona mojada', agrega Manuel. Algunos de los conductores de camiones son vecinos de los Olea. 'Están al tanto del problema y aminoran para levantar el mínimo polvo posible', explica el padre. Pero la mayoría no procede igual: 'Pasan a toda velocidad porque cobran por cada porte que realizan', comenta.

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Ahora la prioridad de los Olea no es el 'insoportable ruido de los camiones', que a veces no cesa desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde; ni tampoco los huertos cubiertos de polvo, las placas de hormigón esparcidas por el cauce o que escaseen los camaleones que antes abundaban en la zona. Ni siquiera que el agua usada para limpiar las cubas de hormigón haya sido usada alguna vez para regar el carril, según Olea que, igual que otros vecinos, tiene pozo y se nutre de los acuíferos que hay bajo el arroyo. Su único deseo es que la empresa habilite el acceso para proteger a su hija del polvo.

Manuel Olea y María José Alcaide, en la puerta de su casa, con su hija Irene.
Manuel Olea y María José Alcaide, en la puerta de su casa, con su hija Irene.RAFAEL MARCHANTE

Pasividad administrativa

La familia Olea Alcaide considera 'clamorosa' la actuación de la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), con competencias sobre el arroyo. Un portavoz de la CHS afirma que es 'difícil actuar si no hay denuncia formal'. La versión de Manuel Olea, que nació junto al arroyo, es bien distinta: 'Cuando un vecino comete la más mínima infracción, el guardia de la Confederación lo denuncia al momento. ¿Es que no ve las placas de hormigón ni el líquido que cae de la fábrica 500 metros mas allá?', se pregunta. El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Ignacio Trillo, asegura que una medición realizada hace tres meses señalaba que los niveles de la factoría estaban dentro de los permitidos, aunque para Olea 'el problema no es la actividad de la fábrica, sino el polvo que levantan los camiones'.

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