Pacto virtual, pacto real

Hace un año que se firmó el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, y es oportuno reflexionar sobre su desarrollo, y hacerlo como responsable en Andalucía de la gestión de una faceta de este servicio público. Nos interesa ver qué ha pasado con los objetivos que señalaba ese Pacto de Estado y con los métodos que proponía para obtener unos resultados positivos, tanto en la imagen que proyecta la Justicia a la sociedad, como en la efectiva tutela de los intereses y los derechos de los ciudadanos que acuden al sistema judicial.

Las primeras actuaciones del Pacto de Estado tuvieron como objeto la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De la pretendida 'despolitización' del Consejo se ha pasado a un órgano de mayoría y minoría en el que sólo se vislumbra la posibilidad de consenso en lo estrictamente burocrático, y cuyo presidente, lejos de ejercer una función integradora, se alinea sistemáticamente con las tesis del Gobierno. Más adelante, se inició una pretendida reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial. Desde la nueva configuración del CGPJ, hasta el diseño de las oficinas judiciales y la normativa básica del funcionariado al servicio de la justicia, pasando por las retribuciones de los jueces y la integración en la ley de variaciones en la gestión de los procesos debidas a la introducción de nuevas tecnologías, un mundo entero de renovación parecía atisbarse, y las esperanzas eran grandes en que, por fin, podríamos abrir la puerta del siglo XXI a la justicia y a los que la demandasen. ¿Vanas esperanzas o promesas incumplidas?.

Como se recordará, en materia de gestión y organización de recursos humanos y medios materiales somos siete Comunidades Autónomas. con competencias, junto con el Ministerio de Justicia, y por ello, suscribimos en mayo del año pasado un acuerdo, incluido en el Pacto, para eliminar las zonas de conflicto entre Estado y Autonomías. Desde entonces, ningún paso se ha dado, y nos vemos obligados a gastar energías en defendernos de los continuos intentos del Ministerio de recortar nuestra competencia legítima en materias como la informática o la organización de los servicios, mientras introduce en el proyecto de ley los más anticuados criterios corporativistas y disgregadores respecto de los funcionarios, todo ello desde la perspectiva de quien no ha sido capaz, en su territorio, de modernizar las infraestructuras judiciales. La política del Ministerio es, en este campo, similar a la del perro del hortelano, y contradictoria también con la esencia de la relación que ha de tener el Poder Ejecutivo con el Judicial: servirlo en lo instrumental, sirviendo así a los ciudadanos, y respetar su independencia.

Después se habló de los juicios rápidos y de la Carta de Derechos. Para ambas iniciativas, que tendrán que ser puestas en marcha en Andalucía por esta Consejería, el ministro dijo ante los diputados que no hacía falta dinero, sino, solamente, buena voluntad. El Pacto se revela así como virtual, y es difícil creer que sólo con buena voluntad podamos pagar a los intérpretes y peritos necesarios, las guardias de administrativos y forenses, los puntos y redes de comunicación con registros públicos, la ampliación del número de salas de vistas y algunas otras 'menudencias' que harán falta para la aplicación de esta Ley. También hará falta algo más que buena voluntad para atender a los usuarios de la Justicia en la forma prevista en la carta de derechos: solamente montar un sistema de información adecuado supone una inversión de recursos humanos, técnicos y materiales muy importante. En el debate en el Congreso, el ministro acaba de asegurar que en el Senado se concretarán los nuevos medios para dotar esta Ley. Los esperamos.

En este año transcurrido, en Andalucía se ha concluido la informatización de los órganos judiciales, se ha aprobado un importante Plan de Infraestructuras, las plantillas han crecido notablemente, se están ejecutando planes de actuación específicos en muchos juzgados conflictivos, se han creado servicios comunes y se ha especializado y extendido la Justicia gratuita. En definitiva, actuaciones que dan fe de nuestro pacto, nada virtual y muy real, con los ciudadanos andaluces por la reforma de la Justicia.

Carmen Hermosín Bono es consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.