La Diputación tiene que aprobar la retirada del escudo franquista de Bilbao

El proceso que permitirá eliminar el escudo franquista que corona desde la dictadura la sede de la delegación de la Agencia Tributaria en Bilbao sigue su curso. Ni una sola alegación se ha presentado contra la decisión adoptada, el pasado mayo, por el Ayuntamiento bilbaíno, de modificar el plan general para eliminar la protección del edificio, según explicó el concejal de Urbanismo bilbaíno, Ibon Areso. El plazo de alegaciones concluyó el pasado 29 de julio.

Areso añadió que ahora el Ayuntamiento de la capital vizcaína tiene que enviar el expediente a la Diputación de Vizcaya, quien deberá dar el visto bueno también a la modificación porque es la institución que tiene competencia sobre el plan general de la villa. El responsable municipal de Urbanismo estima que la aprobación foral llevará en torno a seis meses.

Una vez la Diputación vizcaína acepte el cambio en el plan general, la Agencia Tributaria tendrá el camino abierto para llevar a cabo su proyecto de retirar el escudo franquista de su sede en la capital vizcaína y sustituirlo por uno constitucional.

La delegación de la Hacienda del Gobierno central pretendía haber sustituido el emblema franquista en febrero pasado aprovechando las obras de restauración de la fachada, según recordaron fuentes de la Agencia Tributaria. Pero no pudo hacerse porque el consistorio se opuso al principio.

Cambio de opinión

Consultado el ayuntamiento por la Agencia Tributaria, la comisión municipal de patrimonio desaconsejó por unanimidad la retirada del escudo porque 'representaría una mutilación' del edificio, 'sería desvirtuar la arquitectura que lo sustenta' y 'no lograría democratizar el estilo' del edificio. La comisión aprobó, no obstante, la retirada de la frase 'Una, grande y libre' que en-cabeza el escudo.

El consistorio, liderado por PNV-EA, acató al principio el dictamen de la comisión técnica pero poco después, y en la línea con lo defendido por los nacionalistas incluso en el Congreso de los Diputados, el equipo gobernante propuso al pleno modificar el plan general para posibilitar la retirada del emblema franquista.

El pleno lo aprobó por unanimidad, y el alcalde, Iñaki Azkuna, justificó el cambio de opinión de su grupo con el argumento de que el mandato político del pleno debía prevalecer sobre la decisión de la comisión técnica.