El Gobierno impone a Boliden una multa de 45 millones de euros por el vertido de Aznalcóllar

El Consejo de Ministros impuso ayer a la compañía sueco-canadiense Boliden una sanción de 45 millones de euros, la mayor de la historia española por daños ambientales. La multa, propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, se deriva del expediente abierto el 25 de abril de 1998 tras la rotura de la balsa minera de Boliden y el vertido de su carga tóxica (seis millones de metros cúbicos de lodos metálicos y agua ácida) en el entorno del parque nacional de Doñana. La sanción, que puede ser recurrida ante el Supremo, va destinada en su mayoría (42 millones) a restituir los costes de limpieza y reposición de la zona afectada.

El procedimiento penal incoados contra Boliden acabó definitivamente archivado en noviembre pasado en la Audiencia Provincial de Sevilla. Agotada esta vía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, competente en el mantenimiento de la buena salud del río Guadiamar, reabrió el expediente administrativo contra Boliden incoado el mismo día del desastre por 'vertidos incontrolados al río'. La confederación consideró que podrían ser calificados como infracción muy grave de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Entretanto, la Junta de Andalucía anunció su intención de recurrir a la vía civil para resarcirse del enorme gasto económico que le ha supuesto la restauración del Guadiamar. La Junta y el Ministerio de Medio Ambiente han invertido alrededor de 240 millones de euros en tareas de retirada de lodos, descontaminación y restauración de los más de 40 kilómetros del cauce del Guadiamar situados entre la mina y el entorno del parque nacional de Doñana, donde se frenó la avenida tóxica.

La multa impuesta ayer por el Consejo de Ministros (órgano facultado para decidir la sanción por su elevada cuantía) no alcanza ni la quinta parte de esta factura. Más de la mitad de este coste lo ha asumido la Junta, que ha llevado a cabo la expropiación de las fincas agrarias afectadas (66 millones de euros) con el fin de retirar las tierras del cultivo y, tras su restauración ambiental, convertirlas en un corredor verde.

Nuevo expediente

La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha declarado que la demanda se interpondrá a final del verano. Asímismo se reabrirá un expediente administrativo, similar al que ahora ha finalizado el Gobierno central con la imposición de la multa, que también quedó suspendida mientras estaba viva la vía penal. En caso de que la Administración autonómica ganase este pleito, su intención es reclamar a la empresa matriz (si es que la filial española Boliden-Apirsa no tiene con qué hacer frente al pago). 'Llevaremos el caso a los tribunales internacionales si hace falta', explicó la consejera de Medio Ambiente, quien ayer invitó al Ministerio a sumarse a una acción civil conjunta.

Fuentes jurídicas del Ministerio de Medio Ambiente señalan que los abogados del Estado, bien sean los de este ministerio o los de Economía, recurrirán, si es necesario, al levantamiento del velo, una técnica jurídica aplicada para desvelar los entresijos de la ingeniería financiera que ocultan los responsables últimos de una sociedad mediante otras sociedades interpuestas, sin apenas patrimonio, insolventes o en suspensión de pagos o quiebra. Las mismas fuentes indican que el pago de las multas se podrían retrasar tres o cuatro años, ya que es habitual en estos casos recurrirlas ante el Tribunal Supremo, una instancia que decide en plazos superiores a esos años.

Ulf Soederstroem, portavoz de Boliden en Estocolmo, afirmó ayer que la compañía no dará su opinión sobre la sanción hasta que reciba el documento oficial del Gobierno español, informa Efe.

Para Ecologistas en Acción la multa 'es un brindis al sol; llega tarde, cuando Boliden ha abandonado sus instalaciones en España'. Por su parte, Mario Rodríguez de Greenpeace solicita al Gobierno que ejecute los mecanismos precisos para que Boliden pague.

Normas para prevenir

Tanto el PSOE de Andalucía como la secretaria federal de Medio Ambiente del partido, Cristina Narbona se felicitaron de la sanción. 'Aunque es la primera vez en cuatro años que esta empresa es objeto de una penalización por el desastre. Seguimos esperando una legislación que sirva como herramienta necesaria para prevenir casos como el de Boliden y una norma sobre la seguridad de las balsas mineras', dijo Narbona, quien cree que hay casos potencialmente similares a los de Boliden para los que se requiere un marco jurídico preventivo de seguridad, similar al que se aplica a las presas de agua. Ante la frustración generada por el archivo del caso en la vía penal, la portavoz socialista recordó que resulta necesario, como ha reclamado su partido, la creación de una fiscalía sobre delitos ecológicos con competencias en todo el ámbito nacional.

El ministerio de Medio Ambiente se ha atenido a la legislación vigente para evaluar la cuantía de las multas. A la sanción por vertidos se le aplica el máximo castigo; la indemnización por daños al dominio público se ha calculado de acuerdo con el Reglamento y la cuantía de la reposición del buen estado del Guadiamar en función del coste de las actuaciones llevadas a cabo por la Confederación del Guadalquivir, como la retirada de lodos, las expropiaciones, la impermeabilización de las marismas de Doñana, la restauración ambiental y la protección de las aguas subterráneas..